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Día Mundial del Refugiado: Colombia con la mayor cantidad

Domingo, 28 Junio 2015 17:13

La Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptó el 20 de junio como Día Mundial del Refugiado. Más de 45 millones de personas en el mundo viven refugiadas. Colombia ocupa el octavo lugar.

En nuestro continente, el hermano pueblo de Colombia sufre la mayor cantidad de personas en situación límite de refugiadas y el segundo con mayor número de desplazados.

Según el último informe de la ONU, la principal causa de la huida es la guerra. Los países de donde procede el mayor número de refugiados son: Afganistán, Somalia, Irak, Siria, Sudán y Colombia. Cada 4,1 segundos hay un nuevo refugiado o desplazado interno en el mundo. Cada minuto, ocho personas lo dejan todo para escapar de la guerra, la persecución o el terror. 

El informe advierte que Colombia ocupa el octavo lugar con mayor número de personas en calidad de refugiados después de Afganistán, Siria, Somalia, Sudán, República del Congo, Myanmar e Irak.  Así mismo, señala que la causa se debe a que las personas han sido víctimas directa o indirectamente de conflictos armados.

Colombia es uno de los países con mayor número de refugiados internos. Martin Gottwald, representante de Acnur en Colombia, informó el año pasado que unos 400.000 colombianos viven fuera del país en condición de refugiados. En concordancia, el año pasado la ONU y el Consejo Noruego de Refugiados –CNR- informaron que en Colombia el 12% de la población vive desplazada. 

En 2014, Argentina Santacruz de la Organización Internacional para las Migraciones, señaló que no es posible hacer una repatriación voluntaria porque el conflicto interno en Colombia persiste. 

En la actualidad, el mayor número de colombianos refugiados se encuentra en Ecuador. De 54.000 refugiados que hay en ese país, el 98% son colombianos. Por su parte, Acnur dijo que a Venezuela han llegado cerca de 200.000 personas solicitando protección, de las cuales el 95% son colombianos que huyeron por persecuciones o amenazas de los grupos armados y en situaciones de extrema violencia.

Las organizaciones sociales coinciden en señalar que la mayor causa del desplazamiento es la violencia política, la violación masiva de derechos humanos y el irrespeto constante de las normas del Derecho Internacional Humanitario que busca proteger a la población civil. Además, son causas la tenencia de la tierra y la ineficiencia del sistema judicial.

El reciente informe de la ONU de 2014, confirma que Colombia continúa en el segundo lugar con mayor número de desplazados, superando los seis millones de personas obligadas a desplazarse de sus territorios.

Siendo Colombia el país con el segundo mayor número de desplazamiento interno,  resulta válido conocer las razones que lo provocan. La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES- presentó un informe de investigación sobre Desplazamiento Forzado Intraurbano –DFI- en el 2013. El informe resalta que este tipo de desplazamiento consiste en la migración de habitantes de un barrio a otro a causa de la presión que ejercen grupos armados que pretenden ejercer el control territorial y social. 

En ese sentido, el informe señala que el DFI es un hecho de migración forzada constante poco estudiado y conocido que se presenta con flujos desde espacios rurales hacia lo urbano y desde zonas urbanas a nuevos asentamientos urbanos, presentándose en términos de control de economías legales o ilegales, producto de la debilidad de las instituciones civiles del Estado e ineficiencia de la fuerza pública, especialmente en sectores marginales. Es un hecho victimizante de mayor impacto en las ciudades con barrios populares donde hay mayor grado de pobreza y fractura social. Adicionalmente, constituye un método para expulsar a la población de territorios considerados estratégicos. 

Esta situación vulnera los derechos de las víctimas deteriorando las relaciones sociales y proyectos de vida de las comunidades. El escenario termina siendo un crimen contra la humanidad, producto de los problemas estructurales del espacio urbano para los habitantes de estos barrios. 

De esta manera, el estudio corrobora el traslado del conflicto armado hacia las zonas urbanas donde se facilita el tráfico de armas, la extorsión, el narcotráfico y el microtráfico de drogas. La situación se da aprovechando la débil cohesión social y las necesidades básicas insatisfechas de las personas que terminan vinculadas a actividades ilegales.

De igual forma, el estudio realizado en las ciudades de Soacha, Buenaventura, Tumaco, Quibdó, Cúcuta y Bogotá, observa que los planes de desarrollo no priorizan el mejoramiento de las condiciones de vida de los barrios populares. La inversión se concentra en la construcción de grandes obras con inversión de capital extranjero o ejecución de proyectos extractivos, turísticos o comerciales. El control territorial y desplazamiento de los habitantes de los barrios se presenta también cuando la zona está destinada a megaproyectos.

Un agravante mayor se presenta con las víctimas que vuelven a ser desplazadas como sucede con las comunidades indígenas. Las víctimas de desplazamiento son estigmatizadas y discriminadas en las ciudades. Además, la denuncia ante las autoridades no representa una salida, pues en la mayoría de los casos estas personas son señaladas como peligrosas y aliadas de grupos armados.

Cuando el desplazamiento de las víctimas se hace para otro barrio, tienen que huir de nuevo por la presencia de grupos armados. Siendo así, las víctimas finalmente se ven obligadas a desplazarse a otro municipio o ciudad, producto del miedo y acompañado de la escasez de recursos para sobrevivir. Muchos de los casos no son denunciados ante las entidades del Estado ni tienen acompañamiento por temor a ser señalados. Estos casos terminan no siendo registrados. 

En tal sentido, las autoridades no toman estos casos como desplazamientos sino como movilizaciones voluntarias dentro de la ciudad a menos que existan hechos que alteren el orden público. Siendo Colombia uno de los países con mayor número de refugiados internos a nivel mundial, queda el interrogante sobre la incapacidad del Estado para garantizar los derechos humanos como lo establece la Constitución. 

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