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Riesgo de aparición de una nueva clase media pro capitalista e Cuba

Viernes, 14 Febrero 2020 02:55

(adnmarcospaz // Mayra Espina ) La habana).-- Las reformas en Cuba han ido modificando, bajo el efecto de crisis y cambios políticos, la tradicional estructura social del socialismo, basada en la centralidad del Estado como empleador y proveedor de bienes y servicios, y han favorecido formaciones sociales heterogéneas, con un ensanchamiento de las diferencias en el ingreso y en el acceso a bienestar.

Resultado de imagen para Mayra EspinaLa autora es una investigadora social cubana. Publica en varios medios latinoamericanos
Cuba experimenta una transición socioestructural, lo que supone nuevas oportunidades y barreras para la inclusión social.  Se ha hecho un lugar común en la literatura sociológica, en el ámbito periodístico y en el discurso político en América Latina referir a la existencia, ampliación o retraimiento de las «clases medias» para juzgar la calidad y el rumbo de los cambios estructurales que fomentan diversas estrategias públicas1. Sacar de la pobreza a amplios sectores poblacionales y colocarlos en «situación media», en relación con el monto de ingresos superior en n veces a la canasta básica, suele considerarse como un factor explicativo de la legitimidad de diversas formaciones políticas en el gobierno.

Pero también es común encontrar el argumento de que el crecimiento de sectores medios explica las derrotas electorales de partidos de corte popular, debido a un cambio (hacia arriba) de las demandas y expectativas de las nuevas capas medias. Un argumento positivo en favor del uso del enfoque de los sectores medios es el de su obviedad empírica. La historiadora Margarita López Maya escribió para el caso venezolano:

El concepto de capas medias en una sociedad es variable y no fácil de precisar. Sin embargo, es una realidad social que cuando uno la ve la reconoce. Los sectores medios son un grupo o conjunto diverso de grupos sociales que se caracterizan más allá de su nivel de ingreso –que suele ser superior al doble de la cesta básica–, entre otros rasgos, por una forma de vida, niveles de educación, hábitos de consumo, lugares de residencia, y por las relaciones sociales que establecen. (…) pueden ser sectores importantes para la convivencia pacífica y democrática, al introducir un colchón entre ricos y pobres y propiciar luchas por el respeto de derechos civiles, políticos, humanos, y por la calidad de vida en las ciudades donde viven.2

Pero la aplicación del enfoque de «medianía socioestructural» siempre suscita un debate metodológico, pues se considera de poca densidad teórica en términos de economía política y porque funciona como una especie de saco hondo donde caben disímiles situaciones sociales. Refiriéndose a la «clase media», el historiador Ezequiel Adamovsky considera que es una «categoría residual», cuyo contenido se delimita «menos por la propia unidad y consistencia del conjunto de personas que agrupa, que por los bordes de otras clases sociales de las que sí existen criterios objetivos de definición». En su criterio,

la mayoría de los trabajos que se ocupan de la clase media comienzan reconociendo la dificultad de definirla a partir de parámetros objetivos. Sin embargo, suelen pasar luego, rápidamente, a ofrecer una definición operativa ad hoc para presentar entonces los descubrimientos empíricos que explican cómo es esa clase o cómo lo fue en el pasado. La existencia misma de una clase media aparece como un dato obvio que no requiere demostraciones.3

Las críticas recorren cinco aspectos: uso sobreideologizado del concepto para legitimar o desacreditar actuaciones políticas; intercambiabilidad de términos como equivalentes o sinónimos (capas, clases y sectores medios), lo que debilita el alcance conceptual; adjudicación a priori de condición de clase a ubicaciones socioestructurales medias que forman un conjunto muy heterogéneo sin comprobación, investigación mediante, de su real «calidad clasista»; descripción de rasgos de existencia similares para probar homogeneidad grupal sin comprobación comparada con los rasgos de otras agrupaciones sociales; identificación de sectores medios con «justo medio», lo que implica considerar, también a priori, que ejercen un balance positivo entre extremos de la estructura social y que su expansión representa mejoras de equidad, inclusión y democratización.

Sin embargo, se reconocen «condiciones de aplicabilidad científica» del enfoque de las «franjas medias»4, que exigen, mínimamente:
a) definir con claridad los conceptos;
b) entender los procesos y condiciones en los cuales emergen sectores medios y la diversidad de estos;
c) comprobar sus posibles rasgos similares de existencia, distintos de los de otras agrupaciones, a partir de una metodología comparada;
d) no adjudicar condición de identidad o actoral homogénea, infiriéndola como derivado causal del hecho de compartir algunos rasgos de existencia similares; e) evaluar el proceso de su constitución en términos de avance o retroceso de equidad e inclusión, sin otorgar un valor positivo a priori.

Siguiendo estas recomendaciones y teniendo como trasfondo la concepción de que el centro de estructuración de los sistemas de estratificación social son las clases, este texto opta por el concepto de «capa» para analizar el proceso de formación en Cuba de una franja socioestructural media. Definimos «capa» como un segmento social configurado a partir de uno o dos rasgos de la ubicación socioestructural compartidos (ingresos, ocupación, por ejemplo), de los cuales se derivan algunas otras semejanzas en términos de performance social, pero que provienen, o a la vez forman parte, de clases sociales diversas.

En concreto, este análisis define las capas medias, en plural, como sectores caracterizados por ingresos estables superiores al nivel promedio (n veces por encima de la canasta básica, según el contexto) y la posesión de activos significativos para mejorar su ubicación socioestructural y su capacidad para generar ingresos monetarios directos o el acceso a bienes y servicios. Estos elementos permiten incrementar el consumo, diversificar y mejorar satisfactores de necesidades básicas y no básicas, y tomar previsiones (en forma de ahorros, propiedades y bienes) para mitigar posibles riesgos futuros.

Se deriva de esto una mayor independencia para la satisfacción de las necesidades y el acceso al bienestar en relación con las prestaciones públicas, y la posibilidad de autonomía de elección de satisfactores.El interés de aplicar este enfoque a Cuba resulta de la necesidad de encontrar claves de análisis de los cambios socioestructurales que han venido modificando, bajo el efecto de crisis y reformas, una estructura clásica del socialismo, basada en la centralidad del Estado como empleador y proveedor de bienes y servicios, hacia una formación social heterogénea, donde se verifica un ensanchamiento de las diferencias de ingresos y del acceso a bienestar, una diversificación de la calidad y cantidad de los bienes de consumo y la persistencia de brechas en la equidad, entre otras tendencias de cambio.

De hecho, este enfoque ya ha sido introducido en Cuba por diversos estudios con dos variantes fundamentales: a) como configuración de capas medias, aludiendo a formaciones intermedias de diferentes clases y capas sociales en relación con el ingreso y el acceso al consumo, indicador de incremento de desigualdades, y b) como emergencia de clases medias, en referencia fundamentalmente a la formación de un pequeño empresariado nacional5. Pero también aplica aquí la crítica de que las investigaciones que amparan estas definiciones no han completado una caracterización integrada, multidimensional y comparada de los procesos que generan estas transformaciones sociales y, por tanto, no rebasan una evidente apreciación empírica de un ensanchamiento de desigualdades de ingresos.

Diversos obstáculos han impedido una investigación como esa: ausencia de estadísticas públicas sobre ingresos, consumo y condiciones de vida, y, no menos importante, la restricción de recursos financieros y de respaldo político de las instituciones académicas públicas para estudios in situ de escala macro sobre temas de desigualdad y otros afines. De esta forma, la mayor parte de las evidencias se construyen a partir de datos proxy y de estudios cualitativos y de casos, lo que ha limitado sus alcances e inferencias para la sociedad en su conjunto.

El análisis que presentamos en este artículo, afectado también por este tipo de limitaciones, intenta reunir argumentos en torno de la hipótesis de que Cuba experimenta una transición socioestructural hacia un «socialismo de capas medias», lo que supone oportunidades y barreras para la inclusión que exigen cambios en la política social. La intención es solo sugerir una agenda investigativa y alentar su abordaje desde «condiciones de aplicabilidad científica» de este enfoque.

La Revolución Cubana impulsó un proceso de «desestratificación social», ubicado entre 1959 y la segunda mitad de la década de 1980, entre cuyas evidencias más fuertes se destacan la eliminación de la propiedad privada capitalista sobre los medios de producción y la formación de un sector de propiedad estatal que, hacia 1988, daba cuenta de alrededor de 96% de todo el empleo nacional; la disminución de la pequeña propiedad y la producción familiar mercantil urbana y rural; la caída sostenida de la desigualdad de ingresos y de la pobreza (0,24% y 6,6% respectivamente para 19846).

Todo ello fue sostenido por potentes políticas sociales universales en salud, educación y trabajo, entre otras7.La década de 1990 se abre con una crisis que es producto en gran parte de la desaparición de la Unión Soviética y del campo socialista, con lo que Cuba quedó «descolgada» de sus vínculos con el mercado internacional8. De inmediato, las políticas sociales, aunque mantienen su carácter universalista hasta hoy, perdieron capacidad de inclusión y amparo, por falta de recursos y sostenibilidad económica y porque su preferencia casi absoluta por mecanismos de universalidad, ajenos a instrumentos complementarios focalizadores, lastró su alcance para atender la diversidad y las formas de vulnerabilidades particulares9.

Para gestionar esta crisis se introdujeron algunas novedades en la tradición del socialismo cubano, entre otras: incentivos para la atracción de capital extranjero y formación de empresas mixtas, especialmente en el sector turístico; ampliación del pequeño sector privado urbano (los llamados «trabajadores por cuenta propia»); entrega en usufructo de tierras estatales cultivables y autorización del envío de remesas desde el exterior. La crisis y las estrategias para enfrentarla movieron de inmediato los indicadores de inclusión: algunas investigaciones dan cuenta de un sector de pobreza urbana que alcanza cotas de 20% y un incremento del índice de Gini hasta 0,38 hacia inicios del siglo xxi.

Como efecto de estas corrientes de cambio se produjo el ensanchamiento de brechas de equidad históricas, pero antes atenuadas, lo que visibilizó a los claros perdedores de la crisis: se agudizan diferencias en el acceso a ingresos y bienes en detrimento, sobre todo, de la población no blanca, las mujeres y las personas de la tercera edad, además de un marcado patrón territorial. Estos grupos aparecen sobrerrepresentados en los sectores pobres y subrepresentados en los sectores que brindan oportunidades más ventajosas para la obtención de ingresos: trabajo por cuenta propia o en empresas mixtas, sector turístico, campesinos y usufructuarios de tierras de alta productividad y acceso a mercados-

Se acentúa también un proceso de migración campo-ciudad y desde territorios deprimidos hacia grandes ciudades y territorios con mayores oportunidades económicas, lo que se refleja en la regeneración de asentamientos informales y en la precariedad urbana.

Con estos antecedentes, podemos entrar en el momento actual de reforma. Aproximadamente desde 2008 transcurre en Cuba el «proceso de actualización del modelo económico y social», denominado así por la dirección política del país, que técnicamente puede definirse como una reforma económica enfocada en mejorar el manejo de la crisis interna continuada, que nace en los años 90 y contiene periodos de mejoría y penurias hasta hoy, a la vez que propone rescatar una vía de desarrollo y sustentabilidad económica para el proyecto socialista

. Del conjunto de cambios que emergen de la reforma o se asocian a ella, interesa aquí comentar aquellos directamente vinculados a la configuración de capas medias:Transformación del modelo económico14. Este cambio puede considerarse la base del resto de las transformaciones sociales y económicas en curso, e incluye, entre otros, dos elementos claves para el tema que nos interesa: a) reconfiguración de la estructura de propiedad: se trata sobre todo de la apertura a actores económicos no estatales, como las cooperativas y trabajadores por cuenta propia en sectores seleccionados, y a la participación de capital foráneo.

El rediseño del sistema de propiedad supone una modificación relativamente drástica de la configuración de los grupos sociales «legítimos» para el socialismo y la aceptación de una variante de socialismo multiactoral; b) cambio en la estructura del consumo: las reformas favorecen el consumo privado a través del mercado y la disminución de gratuidades y subsidios estatales universales, con la intención de elevar el peso de los incentivos hacia el trabajo y la productividad.Incremento de las desigualdades de ingresos.

La diversificación de las fuentes de empleo e ingresos y la entrada de las remesas han desplazado al salario en el empleo estatal como fuente principal de medios económicos y reducido su capacidad para cubrir el consumo familiar. Los ingresos medios de los llamados «agentes del sector no estatal», ocupados en el sector no estatal urbano (tanto empleadores propietarios como empleados asalariados y autoempleados), receptores de remesas, campesinos individuales, productores usufructuarios de tierras, cooperativistas agropecuarios y no agropecuarios y personas vinculadas a actividades informales suelen ser superiores a los de la mayor parte de los trabajadores estatales, a excepción, dentro de estos, de una franja de gerentes, directivos, especialistas y empleados del sector turístico.

La participación de los salarios en el total de ingresos familiares disminuyó de 56% a 46% entre la década de 1990 y el año 2016. El sector no estatal, que ocupa a 10% de la población, da cuenta de 30% del total de ingresos de los hogares. Dentro de esto, los cuentapropistas constituyen 4% de la población y perciben 12% del total de ingresos. En el otro extremo están los beneficiarios del sistema de seguridad social, quienes concentran 13% de los ingresos de la población15.

Reflejando estos procesos, el coeficiente de Gini pasó de 0,38 a 0,40 desde la década de 1990 hasta la actualidad16. Estudios de caso han encontrado a emprendedores, entre los propietarios de paladares, arrendatarios y transportistas, que pueden obtener ingresos de hasta 20.000 cuc mensuales17. Las remesas, estimadas en alrededor de 2.500 millones de dólares anuales, llegan a 65% de la población, fundamentalmente a familias urbanas y en especial a personas blancas18.Cambio en el régimen de bienestar19.

La estrategia de reforma declara oficialmente que su modelo social es el «socialismo próspero y sostenible» y define como derechos fundamentales: trabajo, salud, educación, seguridad ciudadana, información, comunicación social, descanso, cultura, deporte, sistema de seguridad y asistencia sociales y vivienda decorosa, y pone énfasis en el «apoyo social a quien realmente lo necesita», lo que abre la posibilidad de un giro desde políticas universales de cobertura total hacia mecanismos de focalización.

El acceso a la «prosperidad socialista» está muy intermediado por el nivel de ingresos, pues la reforma produjo un progresivo cambio en las relaciones Estado-mercado-sociedad, que desemboca en el paso de un régimen de bienestar estadocéntrico hacia otro familiarista, con un fuerte peso del mercado en la satisfacción de necesidades básicas y gestionado a partir del criterio de equidad social, con abandono paulatino de criterios distributivos igualitaristas.

De esta manera, los ingresos individuales han ganado peso como condición de acceso al bienestar frente a la disminución drástica de la distribución subsidiada de la canasta básica (que sigue siendo universal, pero insuficiente para cubrir las necesidades). Como paliativo, se introdujeron programas sociales con criterios de atención prioritaria a grupos vulnerables. Cambios en la percepción del bienestar. Una pequeña indagación cualitativa ha preguntado a personas de diferentes estratos económicos urbanos acerca de su modelo de bienestar material (qué necesitan o desean para considerar que «viven bien»).

El modelo mínimo, en el que confluyen todos los estratos, pero que es el máximo promedio para los grupos de menores ingresos, incluye un set de electrodomésticos (refrigerador, televisor de pantalla plana, algún tipo de dispositivo como laptop o tablet y celular), casa propia y comida abundante.Pero también está presente una aspiración al bienestar mayor que incluye, como sus satisfactores icónicos, una casa grande y ubicada en un buen lugar, ocio y vacaciones de calidad (en Varadero o en el extranjero), cuidados profesionales para ancianos y niños (casas de abuelos, guarderías privadas), viajes de trabajo y placer, automóvil, acceso a alimentos de calidad y diversos (pescados, mariscos, aceitunas, aceites de oliva, productos dietéticos)20. Estas aspiraciones ya se satisfacen, íntegra o parcialmente, en algunos grupos entrevistados, especialmente en dueños de pequeños negocios, empleados del sector internacional y artistas, entre otros.

Llevando esos deseos y necesidades a su equivalente en términos del dinero que se necesitaría para satisfacerlos, se obtiene que el más modesto de esos modelos de bienestar requiere 8.000 cup (pesos cubanos) mensuales por persona (alrededor de 300 cuc) para satisfacerlo. Se trata de un cálculo grueso, sin basamento de representatividad estadística, y no considera el tamaño del núcleo ni a personas con necesidades especiales21. Se requiere profundizar en diferentes grupos y territorios, pero ya arroja pistas sobre la presencia de un modelo de bienestar de capas medias urbanas, la distancia entre la realidad y los deseos y la brecha de insatisfacción presente en el país.

Nuevas identidades emergentes. Estudios sobre las subjetividades de grupos sociales en formación encuentran que el cuentapropismo refiere a «un grupo que denota y connota». Los sujetos se autorreconocen como cuentapropistas principalmente a partir de no trabajar para el Estado y tener la posibilidad de satisfacer necesidades, mejor calidad de vida y solvencia económica. La pertenencia al grupo genera evaluaciones positivas como optimismo, satisfacción, realización, felicidad y aprecio. Negativamente evalúan la presencia de estrés y alta carga de trabajo. Son claras aspiraciones de mejoría: comprar un automóvil, ampliar el negocio

También se devela una tendencia a la naturalización de las desigualdades y de aceptación de que algunos grupos están condenados a la desventaja y no es posible hacer mucho más. En sentido positivo se identifica la presencia, en grupos de jóvenes (profesionales y del pequeño sector privado), de demandas de mayor participación en la toma de decisiones y de espacios de autonomía para desarrollar proyectos de beneficio comunitario, para el ejercicio de la economía social y solidaria y prácticas empresariales de responsabilidad social. Una investigación de corrientes de movilidad entre los años 90 y primera década de los 2000 encontró que personas que habían ascendido en términos de ingresos, consumo y condiciones de trabajo y de vida adjudicaban sus avances al esfuerzo personal y el sacrificio, pero también consideraban como una pérdida de la sociedad cubana el aumento de las desigualdades sociales y de la pobreza, y deseaban contribuir a paliarlas23.

Los seis procesos anteriores parecen indicar, sin mucho espacio para dudas y según los indicadores utilizados en este ensayo, que fluyen corrientes de movilidad social ascendente, asociadas a la reforma económica en curso y su antecesora de la década de 1990, que generan capas medias, caracterizadas por ingresos altos (para la media nacional) estables, autonomía para satisfacer necesidades básicas en relación con las políticas públicas, consumo superior, satisfactores de mayor calidad, aspiraciones que rebasan necesidades básicas, sectores de ocupación específicos.

En estas capas se incluyen franjas de la pequeña burguesía urbana (grupos de propietarios de micro, pequeños y medianos negocios privados, en régimen de economía de mercado, que emplean fuerza de trabajo adicional, familiar o no, y son ellos mismos trabajadores de sus negocios; autoempleados –propietarios de medios de producción, se emplean a sí mismos y, eventualmente, fuerza familiar–; trabajadores de la empresa mixta y extranjera; cooperativas no agropecuarias; campesinos privados y cooperativos; usufructuarios de tierras; especialistas, funcionarios, intelectuales, deportistas y artistas independientes vinculados a circuitos internacionales; trabajadores vinculados a la economía informal y el mercado negro; segmentos de ingresos no provenientes del trabajo: rentistas, beneficiarios de remesas).

Más allá de la constatación empírica de la existencia de esta corriente de movilidad social, definir un proceso de transición socioestructural hacia un «socialismo de capas medias» supone un debate sobre si tal tipo de sociedad es posible y si esa condición es legítimamente socialista, a diferencia de la sociedad obrerista. Una discusión similar tuvo lugar en los años 90, y varios analistas consideraron la posibilidad de que el cuentapropismo y los grupos de trabajadores vinculados a la economía mixta y el sector extranjero se convirtieran en sujetos restauradores del capitalismo.

De manera hipotética, este ensayo considera que, si bien los nuevos agentes económicos emergentes de la reforma cubana contienen potenciales de cambio contradictorios y diversos, cuyo devenir es aún abierto, el potencial de modernización socialista es significativo y su activación y despliegue máximo dependerá, en una medida relevante, de las políticas y de las relaciones Estado-sociedad.

Sin espacio para profundizarlo y solo a modo de apuntes para investigación, puede encontrarse un potencial modernizador socialista de las capas medias (frente a uno restaurador capitalista) asociado, al menos, a cinco elementos vinculados a su configuración. - Heterogeneidad socioestructural alta: se trata de un conjunto de capas disímiles (por origen, vínculo con la propiedad de medios de producción y con el trabajo directo, fuente de ingresos) no de una clase, que difícilmente se convierte en un actor «denso», con intereses y demandas integradas, que deriven en presión política. -

Políticas sociales como factor de movilidad ascendente: el acceso a la situación de medianía depende en mucho de las políticas sociales de inclusión social, que subsidian u ofrecen gratuitamente salud, educación, seguridad social y acceso a bienes culturales. De manera que se trata de grupos sociales especialmente favorecidos por el modelo socialista de redistribución, que complementa sus ingresos y los dota de activos para la movilidad ascendente.- Presencia de sujetos colectivos: la franja de capas medias incluye sujetos como las cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, así como un incipiente sector de mipyme con enfoque de economía social o responsabilidad social, actores con intereses prosocialistas.-

Posible ampliación de grupos vinculados a la propiedad estatal: en perspectiva, el nuevo modelo económico de la reforma, si es exitoso, supone que arriben a esta franja grupos de obreros, especialistas, funcionarios y directivos de la empresa estatal y mixta, lo que fortalecerá dentro de ella sectores cuya ubicación depende del vínculo estatal.- Predominio cualitativo de la propiedad social: las capas sociales no se configuran en un vacío, sino en un contexto de predominio de la propiedad estatal que conserva la hegemonía en la economía nacional.

Cierto que este es un factor controversial, pues en la experiencia socialista cubana la propiedad estatal no ha sido eficiente y, por otra parte, se le cuestiona su real condición de «social», dada la reproducción de mecanismos de enajenación, debido a sus fallas de participación y sus debilidades para dotar de bienestar, vía ingresos, a los trabajadores25. No obstante, la reforma actual, al menos en teoría, declara el propósito de perfeccionar la propiedad social a través de la autonomía de las empresas estatales y la participación ciudadana en la toma de decisiones económicas y de una reforma salarial.

Este sería un factor crítico para el despliegue del potencial modernizador de las capas medias.Desde el punto de vista práctico, esta nueva configuración socioestructural tiene un doble valor: en clave positiva, supone una mejoría en términos económicos de un segmento poblacional no calculado aún, pero que podría ubicarse en alrededor de 23% de la población27. La condición de autonomía de este segmento permitiría un rediseño de la política social en términos de desplazarse hacia un universalismo crítico  o sensible a la diversidad.

En el caso de Cuba, ello significa concentrar los alcances de mecanismos universales en bienes esenciales y que se anclan en la igualdad (educación y salud), y liberar recursos para la atención prioritaria de grupos vulnerables y el fortalecimiento de políticas sociales afirmativas que mejoren las posibilidades de incorporación a corrientes de movilidad social ascendente de grupos en desventaja.La presencia dentro de segmentos de las capas medias de la igualdad como valor social y de posiciones en favor de la economía social y solidaria y de prácticas empresariales de responsabilidad social (que no tiene espacio jurídico claro en el país) indica también que existe un potencial de solidaridad y ciudadanía activa aún muy desaprovechado y que puede constituir un factor de desarrollo a escala local de fuerte impacto.

En la otra cara de la moneda, la movilidad social que conduce a estos segmentos sociales es muy selectiva y con un marcado patrón de éxito: hombres adultos maduros y personas blancas, con educación superior y capital social que facilite acceso a sectores económicos emergentes de propiedad pública o mixta, activos propios para colocarse en el mercado (casa, automóvil, remesas, ahorros) y una ubicación territorial en espacios de economía emergente. Estos recursos están inequitativamente distribuidos en la sociedad cubana, con lo cual se consolidan barreras de movilidad.

Todo apunta entonces hacia la necesidad de pasar a una política social de interrupción de condiciones de partida desventajosas, cuya lógica y herramientas suelen ser diferentes de las que usualmente ha implementado el socialismo cubano.Cuba podría encontrar una posible inspiración en la propuesta de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre políticas públicas pilares del desarrollo:- política fiscal de alto impacto redistributivo / fiscalidad proactiva, reformas fiscales progresivas, fiscalidad tributaria de gasto público socialmente sostenible;- políticas económicas que impulsen a sectores y actividades intensivas en conocimiento, de demanda creciente, al tiempo que generan más y mejor empleo; apoyo a las mipyme, incluyendo cierre de brechas en innovación e infraestructura;- políticas sociales «bisagra» de empleo productivo, protección social, educación y desarrollo de capacidades, atención a la infancia, acceso de la mujer al trabajo y creación de sistemas de cuidado.

Esto puede concretarse en una ampliación del espacio local para las políticas sociales que propicien acciones de equidad de base microcomunitaria, como servicios inclusivos afirmativos y de búsqueda del beneficiario, mecanismos de equidad financiera y finanzas inclusivas y solidarias (créditos, subsidios, proyectos micro), otros incentivos y apoyos sensibles a las desventajas para mipyme, cooperativas y acceso a empleo ventajoso (como opciones de capacitación y formación que priorizan grupos vulnerables). Y, finalmente, fortalecer el potencial de la democratización y la participación ciudadana local directa, para mejorar la identificación de demandas de grupos vulnerables y la diversidad de necesidades y soluciones, e implementar presupuestos participativos, consultas públicas, referendos y espacios deliberativos locales.

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