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La Habana redefine su política internacional y de ayuda humanitaria

Jueves, 13 Febrero 2020 07:49

(adnmarcospaz // Luis Brizuela / IPS La habana).-- Integrantes de la brigada médica cubana que prestó servicios de salud en Bolivia arriban el 16 de noviembre de 2019 a la terminal aérea internacional José Martí de La Habana, tras su retiro del país sudamericano al salir de la presidencia de Evo Morales.

Integrantes de la brigada médica cubana que prestó servicios de salud en Bolivia arriban el 16 de noviembre de 2019 a la terminal aérea internacional José Martí de La Habana, tras su retiro del país sudamericano al salir de la presidencia de Evo Morales. 

Las brigadas médicas representan un eje de la política exterior de Cuba, además de una fuente de ingresos, que atraviesa una etapa compleja tras el retiro de misiones de países de América Latina, donde otrora cosechó alianzas determinantes.

Ocurre tras la llegada al poder de líderes conservadores que, como en Brasil y Bolivia, además de acercar posiciones con el gobierno de Estados Unidos, quitan valor a mecanismos de integración regional como la Comunidad de Estados del Caribe (Celac) o la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).

Varios acontecimientos cuestionan si todavía hoy el primer rubro de la economía cubana sigue siendo la exportación de servicios profesionales. Cuba debió retirar más de 700 profesionales que integraban el contingente médico en Bolivia, por la inestabilidad política, clima de inseguridad y actos amenazantes tras la renuncia, el 10 de noviembre, del expresidente Evo Morales (2006-2019).

En la nación andina, la isla caribeña ofrecía servicios médicos gratuitos mediante el llamado Programa Integral de Salud, al igual que en otros 26 países con pocos recursos como Haití, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras, entre otros. En noviembre de 2018, Cuba retiró de Brasil los más de 8500 galenos que integraban el programa Mais Médicos.

El gobierno cubano acusó al presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro de mantener una posición “hostil, irrespetuosa y ofensiva” hacia los profesionales de medicina que laboraban en regiones pobres y remotas del país sudamericano, mediante un acuerdo vigente desde 2013, con participación de la Organización Panamericana de la Salud.

El 19 de noviembre de 2019, Cuba y Ecuador firmaron el Acta que dio por terminados seis convenios específicos de cooperación científica y asistencia técnica, firmados entre los ministerios de Salud de ambos países desde 2009. Las autoridades ecuatorianas alegaron razones económicas para no renovarlos. Sin embargo, el 5 de diciembre, una declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba argumentó que las verdaderas razones tenían detrás presiones de la embajada estadounidense en Quito.

Según la nota, funcionarios del estadounidense Departamento de Estado, de la Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid) y diplomáticos de Washington “han acudido a autoridades nacionales, como en Guatemala, para inquirir de forma perentoria y sospechosa, datos precisos de la cooperación médica cubana con el objetivo de encontrar la manera de eliminarla”.

Autoridades cubanas rechazan las declaraciones de funcionarios estadounidenses en que aducen que las misiones médicas cubanas son prácticas de “esclavitud moderna” y “trata de personas”, o que se inmiscuyen en los asuntos internos de los Estados donde operan.

El Informe de Cuba sobre la prevención y enfrentamiento a la trata de personas y la protección a las víctimas (2019), publicado el 24 de enero en el sitio del Ministerio de Relaciones Exteriores, obvia referirse a este tipo de descalificaciones a las misiones de profesionales de la salud.

Además de una publicidad negativa, Cuba ha visto menguar los importantes recursos financieros que recibía por brindar asistencia médica, estimados entre los 6000 y 8000 millones de dólares anuales durante los años recientes, según expertos. Para el gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel, las relaciones con América Latina se vuelven más complejas ante la renovada hostilidad del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque se mantienen las relaciones diplomáticas reestablecidas en 2015, la Casa Blanca frenó la política de acercamiento con Cuba del anterior inquilino, el democrata Barack Obama (2009-2017), y en los últimos 12 meses endureció la política de sanciones. En mayo, activó los títulos III y IV de la ley Helms Burton que desde 1996 unificó y reforzó en un solo cuerpo legislativo los instrumentos del embargo económico, comercial y financiero que mantiene contra La Habana desde 1962.

Adicionalmente, la administración Trump restringió el monto de las remesas hacia el país, canceló los permisos de viajes en barcos de recreo y de pasajeros, incluidos los cruceros; y limitó los vuelos directos y chárter únicamente a La Habana, entre otras medidas. El gobierno cubano responsabilizó a Washington de presionar a compañías y buques de transportación de combustibles, a fin de cortar el suministro y golpear aún más la economía insular altamente dependiente de las importaciones de petróleo.

Aunque tales medidas impactan de manera negativa en las familias y el incipiente sector privado de este país insular caribeño, Washington argumenta que buscan hacer desistir a La Habana de la supuesta asesoría en inteligencia y seguridad al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Por el contrario, Díaz-Canel defiende su apoyo incondicional a Caracas, con la cual mantiene una alianza estratégica, al tiempo que ha invitado a Washington a mantener relaciones civilizadas sobre la base de la igualdad y respeto a la soberanía.

Cuba ha acusado en varias ocasiones a la administración Trump de intentar dividir la región y reactivar la Doctrina Monroe (1823). Sintetizada en la frase “América para los americanos”, tal doctrina se concibió como un principio de la política exterior de la nación norteña para garantizar su hegemonía en América Latina.

En noviembre, se presentó por vigesimoctava ocasión consecutiva en la Asamblea General Naciones Unidas la resolución “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, que sin carácter vinculante, recibió el apoyo de 187 países de los 193 miembros del foro multilateral. Por primera vez Brasil votó junto con Estados Unidos e Israel a favor de mantener el embargo, mientras Colombia, gobernada por el derechista Iván Duque, se abstuvo, lo cual quebró la tradicional condena unánime de América Latina a esa política.

A inicios de octubre, académicos e intelectuales colombianos consideraron un error que Bogotá decidiera romper relaciones diplomáticas con Cuba, tras frecuentes cuestionamientos de Duque e integrantes de su gabinete contra los protocolos del proceso de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional que se efectuaban en la isla.

Especialistas llaman la atención sobre el debilitamiento de los conceptos de integración y consenso que guiaron la constitución de la propia Celac, en diciembre de 2011, así como el virtual desmantelamiento de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur).

Ante el auge de la beligerancia y desencuentros regionales, analistas advierten sobre la necesidad de cumplir uno de los acuerdos más simbólicos de los 33 países de la Celac, la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de Paz, adoptada en enero de 2014 precisamente en La Habana. Para muchos resultó esperanzador que el gobierno mexicano asumiera este mes la presidencia pro témpore de la Celac con la misión de fortalecer y consolidar el instrumento de cooperación más importante de la región.

Sin embargo, Brasil confirmó que no colaborará con dicho organismo debido, según versiones periodísticas, a la presencia de Venezuela y Cuba. Y el 24 de enero, el gobierno interino de Bolivia anunció la suspensión de las relaciones diplomáticas con Cuba, lo cual supone un desafío adicional.

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