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Comunidad científica chilena obligó al gobierno de Piñera a declarar la emergencia climática

Viernes, 24 Enero 2020 12:23

(adnmarcospaz // Andrés Figueroa Cornejo / Santiago de Chile).-- El Gobierno ha declarado la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que ante el cambio climático reclama una acción urgente para proteger el medio ambiente, la salud y la seguridad de las personas.

Resultado de imagen para Andrés Figueroa CornejoEl autor de la entrevista desde Santiago de Chile.

“Nuestra participación en la lucha del pueblo no se limita a los derechos sobre la educación, sino que a todos los derechos humanos y sociales que no existen aquí. Cuando comenzamos a saltar los torniquetes del Metro de Santiago, Chile cambió rotundamente”, afirmaron los voceros de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, ACES, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, en el marco del acto político, social y cultural que organizó el Comité de Recuperación del Cuartel Borgoño, ex lugar de exterminio y tortura durante la tiranía pinochetista, el pasado 18 de enero de 2020.

Los jóvenes de la ACES enfatizaron que “Abrazamos las luchas anteriores de nuestro pueblo, mientras que desde el 18 de octubre de 2019 se ha expresado el descrédito profundo y multitudinario respecto de la institucionalidad y todas sus formas. Por eso estamos involucrados en las prácticas deliberantes del pueblo a través de nuestra actuación en las asambleas territoriales. Nosotros sabemos dónde debemos estar: junto a las y los populares, en la calle, muy lejos de la institucionalidad opresora”.

“No dejaremos de ser oprimidos hasta que no destruyamos al opresor que habita en nosotros”

En la ocasión, uno de los dirigentes de la toma de terreno Violeta Parra de la comuna metropolitana de Cerro Navia, Juan Caripán, dijo que “estamos en hora de definiciones, en horas de la unidad de todas y todos quienes están en lucha. Por nuestra parte, somos cientos de familias que desde hace cuatro meses permanecemos resistiendo en una zona donde el 70 por ciento de la población se ha levantado sobre tomas de terreno. Se trata de un territorio humano empobrecido que históricamente proviene de la migración campo-ciudad, y que fue y es desplazado a la periferia capitalina”, y agregó que “la toma Violeta Parra la estamos construyendo a contrapelo del negocio inmobiliario ligado a la administración municipal. A diario nos debatimos entre intereses económicos y políticos, y la demanda de vivienda de los pobres. Son cuatro meses de enfrentar y repeler los intereses político-electorales que sistemáticamente intentan ingresar a la toma. Hemos tenido que expulsar dirigentes que comerciaban con la miseria de hermanos migrantes haitianos. Lo mismo hemos hecho con los narcotraficantes. Somos parte de ese pueblo que perdió el miedo”.

                                                                                Resultado de imagen para Andrés Figueroa CornejoLos dos l{ideres estudiantiles entrevistados

-¿Y cuál es el desafío principal?

“La transformación de nuestras propias consciencias. El proceso de deconstruir, de desarmar el llamado sentido común del opresor que se reproduce en nuestras ideas y conductas, es la labor más dura y que, seguro, nos tomará más tiempo. No dejaremos de ser oprimidos hasta que no destruyamos al opresor que habita en nosotros. La formación de la lealtad colectiva a la independencia política de nuestros propios intereses como clase popular, es la lucha más demandante.”

“Las conquistas del pueblo se han ofrecido por fuera de la institucionalidad”

Asimismo, el abogado del Comité de Defensa del Pueblo Hermanos Vergara Toledo, Nicolás Toro, indicó que “en materia represiva, desde el 18 de octubre nos ha tocado encarar una conducta policial y de las Fuerzas Armadas que no es nueva, salvo por su masividad. Hemos constatado una explosión cuantitativa enorme de violaciones de los Derechos Humanos. Pero, por ejemplo, el empleo estatal de la tortura contra los estudiantes, ya era una realidad en el levantamiento de 2011. Ni qué decir de lo que ocurre con el pueblo nación mapuche a partir de los 90 del siglo XX en adelante. Desde el 18-O, hoy existen más de mil demandas de violaciones de los DDHH cometidas por agentes del Estado con la complicidad del gobierno de Piñera, el cual, en vez de limitar esas transgresiones, las alienta. No se explica de otro modo la declaración de guerra de Piñera y la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional contra la movilización social. Ya son alrededor de 400 personas con daños oculares, una cantidad proporcionalmente mayor a las cometidas durante los 17 años de dictadura cívico militar. Ello constituye un hecho inédito en nuestra historia. Mutadas las policías a través del tiempo, podemos verificar el escalamiento de la violencia aplicada contra el derecho a la protesta. De semejante situación, nosotros responsabilizamos al conjunto del Ejecutivo, en la cabeza de Sebastián Piñera, y a los altos mandos policiales y militares del país”.

-No sólo muerte, secuestros, violaciones, amputaciones oculares han marcado la contingencia…

“Sí. Un fenómeno nuevo es la prisión política. Hablamos de más de 2.500 personas que están o han pasado por las cárceles, violándose todos sus derechos humanos. La calle 14 de la penitenciaría Santiago 1, concentra la mayor cantidad de prisioneros políticos del país, y más de la mitad de los recluidos ni siquiera tiene cargos en su contra. Debido a ello, creamos la Coordinadora 18 de Octubre por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs. Donde nos invitan, solicitamos que las asambleas territoriales incorporen la demanda de la libertad de nuestros protegidos. Esto es, exigimos la libertad inmediata de los detenidos y su reconocimiento como prisioneros políticos.

Desde 1957, bajo el gobierno filo-fascista de Carlos Ibáñez del Campo, fundador también de Carabineros de Chile, se creó la Ley de Seguridad del Estado con el fin de contar con atribuciones extraordinarias para reprimir las movilizaciones populares de entonces, movilizaciones que, en muchos casos, también fueron gatilladas por el alza del precio del transporte colectivo.”

El jurista Nicolás Toro manifestó que “el Poder Judicial está haciendo parte de la misma política represiva de las policías y del Estado en general frente a las protestas. La inmensa mayoría de los casos de prisión política y cautelar deberían haberse derivado a que los acusados vivieran el proceso en sus casas. Pero ocurre todo lo contrario. La conducta arbitraria y antisocial de la justicia, además es uno de los aspectos del “acuerdo” de todo el sistema político pactado el 15 de noviembre de 2019”, y sumó que “debe quedar muy claro que las conquistas del pueblo en general, y en materia de prisión política en particular, se han ofrecido por fuera de la institucionalidad. El rol que cumplimos los abogados es completamente insuficiente, sin la movilización social, activa y de combate. Todo movimiento popular que abandona a sus presos políticos pierde su contenido ético”.

“Las y los luchadores de hoy son nuestros hijos y nietos”

Finalmente, Fermín Montes, legendario combatiente internacionalista de los tiempos de Ernesto Guevara, mientras portaba uno de los escudos anti-municiones policiales que caracteriza a las y los jóvenes de la Primera Línea, señaló que “he tenido el privilegio de conocer a los actuales luchadores. Sus principios y aspiraciones son las mismas de quienes hemos batallado toda la vida contra la opresión. En este espacio de memoria, el ex Cuartel Borgoño, existe un proyecto político superador del capitalismo que debe enriquecerse y discutirse sin miedo. Y ese proyecto político liberador recoge las antiguas luchas de nuestros pueblos y las de hoy. No son antagónicas. Por el contrario. Son continuidad necesaria para la construcción de un camino coherente con la historia concreta de la rebeldía”, y añadió que “Es cierto, Piñera apenas llega a un 6 por ciento de aprobación según las encuestas, pero eso no es lo importante. Lo importante es no perder de vista que los intereses de clase del gobierno de ultra derecha cuentan con un Estado que tiene el monopolio de las armas. Las fuerzas del pueblo se restablecen mediante la reflexión y la práctica colectiva, y enfrentando la tarea de organizarnos tanto en los territorios, como sectorialmente. Volviéndonos uno con las y los compañeros jóvenes, que hoy son nuestros hijos y nietos. Y no olvidando jamás que la emancipación popular y su proyección de victoria es, en un primer momento, continental y latinoamericano”.
spaña está considerada uno de los “puntos calientes” globales en materia de cambio climático, y las consecuencias del aumento de la temperatura inciden directa e indirectamente sobre la economía y los sistemas ecológicos españoles.



Según la comunidad científica, esto acelera el deterioro de recursos esenciales para nuestro bienestar como el agua y el suelo fértil, y amenaza la calidad de vida y la salud de las personas.

Todas las preguntas y respuestas de la declaración de emergencia climática en España
La Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental en nuestro país, aprobada hoy en Consejo de Ministros, muestra el compromiso y la prioridad del Gobierno, que desarrollará 30 líneas de acción, cinco de ellas en los 100 primeros días, para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica.

El acuerdo, que expresa la voluntad de una amplia mayoría del Congreso de los Diputados, también cuenta con el apoyo de los ecologistas, que animan a que la declaración garantice los cambios urgentes y necesarios para no superar en 1,5 ºC la temperatura global, en sectores claves como el energético, el transporte, el agrícola y el industrial.

“Aplaudimos los anuncios hechos en el Consejo de Ministros que sitúan la emergencia climática como prioridad en la agenda política. Por ello, es ineludible y urgente que se apruebe una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica y un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) mucho más ambiciosos que los planteados hasta ahora y que, además, se les dote de procesos de participación pública efectiva”, ha declarado Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España.

Para los ecologistas, la ley –que aún no ha sido sometida al proceso de participación pública y de la que no se conoce el plan definitivo– debe contemplar, entre otras cosas, la descarbonización completa de la economía, es decir, alcanzar un balance neto nulo entre las emisiones producidas por la actividad humana y la capacidad de absorción por los ecosistemas en 2040, así como el objetivo de reducción de emisiones del 55 % en 2030 respecto a 1990.


Un proyecto hacia la descarbonización
En este caso, el acuerdo marca como “único camino posible” alcanzar la neutralidad climática en 2050, un objetivo que constituye una oportunidad para avanzar en la modernización, innovación y mejora de la competitividad de la economía española.

Se trata de un “proyecto de futuro en común, en línea con los compromisos adquiridos con la Agenda 2030, una agenda integral de paz y solidaridad, en favor de un desarrollo sostenible para todas y todos, que pone a las personas y al planeta en el centro de la acción política”, como define la declaración.

Las primeras medidas para hacer frente a este desafío se materializarán en los primeros 100 días de acción del Gobierno.

Para ello, el ejecutivo se compromete a llevar a las Cortes un proyecto de ley que garantice alcanzar las emisiones netas cero no más tarde de 2050, impulsado un sistema eléctrico 100 % renovable, un parque de turismos y de vehículos comerciales con emisiones de 0 gramos de CO2 por kilómetro, un sistema agrario neutro en emisiones de CO2 equivalente, y un sistema fiscal, presupuestario y financiero compatibles con la necesaria descarbonización de la economía y de la sociedad.

Entre otras iniciativas se definirá la senda de descarbonización a largo plazo de nuestro país y se invertirá en un país menos vulnerable frente a los impactos y riesgos del cambio climático. En esta línea, se presentará el segundo Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, incluyendo el sistema nacional de observación del clima y la elaboración de un menú de indicadores de impacto.

También se reforzarán los mecanismos de participación ya existentes con una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático, cuya composición contará con el mismo número de mujeres que de hombres e incluirá la participación de los jóvenes y se impulsará la transformación del modelo industrial y del sector servicios a través de Convenios de Transición Justa y de medidas de acompañamiento.

Medidas para una España más limpia
En el resto de las 25 medidas la acción se marcará en las políticas económicas, de consumo, de movilidad, de vivienda, de cooperación internacional, de educación o de salud.

En estas dos últimas políticas sectoriales, el acuerdo compromete al Ejecutivo a aprobar un Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad antes de que acabe el año y a poner en marcha un Plan Nacional de Salud y Medio Ambiente.

Por otra parte, el acuerdo pone énfasis en fortalecer sinergias con las políticas de desarrollo rural, de protección de la biodiversidad y el impulso de las oportunidades para la transición energética, para generar nuevo empleo verde.


Así, el Gobierno elaborará la Estrategia de Lucha Contra la Desertificación y la Estrategia Nacional Forestal, y presentará en la Conferencia de Presidentes de 2020 la Estrategia frente al Reto Demográfico para facilitar la mejor coordinación entre Administraciones.

Otra parte de las medidas está centrada en asegurar la transformación del sector financiero público y privado para garantizar su viabilidad y la estabilidad del sistema. El primer paso será elaborar un Plan Nacional de Acción de Finanzas Sostenibles y un programa de emisión de bonos verdes por parte del Tesoro Público.

También se fomentará la coherencia de las inversiones públicas con los objetivos del Acuerdo de París, además de integrar la variable del cambio climático en la política fiscal.

En este sentido, el acuerdo marca como línea de acción no otorgar nuevos beneficios fiscales a productos energéticos de origen fósil y se analizarán los vigentes, salvo casos justificados por razones sociales o tecnológicas. En esta misma línea, no se autorizarán nuevas solicitudes de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos, ni para las actividades de fracking.

La declaración recoge la necesidad de adoptar la Estrategia de Economía Circular y una Ley de Residuos que aborde el problema de los plásticos de un solo uso, para alcanzar “residuo cero” en el horizonte 2050.

También la adopción de una Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte Público, así como medidas para que los municipios de más de 50.000 habitantes establezcan zonas de bajas emisiones de manera urgente.

Además, antes de 2021, se presentará la Estrategia de Turismo Sostenible de España 2030 para aumentar la resiliencia del sector a los efectos del cambio climático. También se establece el objetivo de alcanzar el 30 % de superficie marina protegida en 2030.

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