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Áñez derogó el decreto que otorgaba impunidad a las fuerzas de seguridad

Viernes, 29 Noviembre 2019 10:33

Tras 14 días de aplicación la presidenta de facto Jeanine Áñez derogó el decreto que le otorgaba impunidad a las fuerzas armadas y de seguridad. Agradeció a las FFAA por su compromiso social. También responsabilizó a las víctimas por la represión. 

La presidenta de facto Jeanine Áñez informó que el Gobierno golpista derogó el Decreto Supremo 4078, vigente desde el 14 de noviembre, que eximía a los militares de responsabilidad penal por su accionar en el restablecimiento del orden en momentos de alta conflictividad social.

“hemos decidido abrogar el Decreto Supremo 4078. Esta determinación ha sido tomada en consideración a que gracias a Dios y a la comprensión de todos los sectores del país hemos logrado la pacificación”

Una de las demandas de los sectores movilizados fue la anulación de esa norma que fue calificada de “grave” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque implicaba impunidad.

El decreto 4078 establecía que “El personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en el cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúe en legítima defensa o estado de necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el Art. 11 y 12 del Código Penal. Ley 1760 y el Código de Procedimiento Penal”.

El siguiente artículo refería: “Las Fuerzas Armadas deberán enmarcar sus actuaciones conforme lo establece el Manual del Uso de la Fuerza aprobado mediante D.S. 27977 de fecha 14 de enero de 2005, pudiendo hacer uso de todos los medios disponibles, que sean proporcionales al riesgo de los operativos (…)”.

De esta manera se le otorgaba impunidad a los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad que utilizaran fuerza letal a la hora de reprimir manifestaciones populares

La autoproclamada presidenta Jeanine Áñez asumió el poder el 12 de noviembre y dos días después fue aprobado el decreto que regulaba la actuación de los militares que desde la noche del 11 ya estaban en las calles, luego que la Policía se declarara "rebasada" por la conflictividad.

Áñez justificó su decisión argumentando que “El decreto 4078 es un recurso constitucional que los gobiernos tienen a su disposición cuando la seguridad del Estado o de la ciudadanía se siente amenazada por acciones de violencia que ponen en peligro la estabilidad del país y la vida de los ciudadanos. Nuestro Gobierno tuvo que recurrir a una medida de estas características porque enfrentó acciones violentas que nunca antes habíamos visto en nuestra historia y que nunca más quisiéramos verlas”.

La mandataria de facto agradeció a las Fuerzas Armadas (FFAA) “a nombre de la democracia” por su “decidida” y “oportuna” participación que evitó mayor vandalismo y confrontación.

Además sostuvo que en “La ciudad de El Alto, en especial la zona de Senkata, ha vivido días de terror cuando se puso en riesgo no solamente la planta de combustibles sino la vida de más de 250.000 alteños. La tragedia habría alcanzado dimensiones devastadoras, los bolivianos nos caracterizamos por el respeto a las ideas, a la tolerancia de nuestras creencias y el respeto a la vida”, sostuvo.

Áñez recalcó que su Gobierno es de transición y que tiene el propósito de organizar elecciones libres, limpias y transparentes aunque no precisó cuando serán convocadas

“Quiero dar gracias a la comunidad internacional que ha acompañado este proceso y alentó el entendimiento, ahora nos toca llegar al momento histórico de la reconciliación. Que Dios bendiga a Bolivia”, concluyó la Mandataria.

Según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el número de personas que murieron durante el conflicto político-social que estalló en Bolivia, a raíz del golpe de estado, superó la treintena entre el 20 de octubre y el 23 de noviembre, aunque las cifras podrían ser aún mayores.

 

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