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El otro infierno amazónico de venezolanos y venezolanas en la frontera con Brasil

Lunes, 09 Septiembre 2019 07:01


(adnmarcospaz // Bram Ebus / IPS).-- Los refugios hacinados para los venezolanos, en el fronterizo estado brasileño de Roraima, tienen que hacer frente a problemas de higiene, abuso de alcohol y violencia. A medida que los venezolanos continúen llegando, deben encontrarse nuevas soluciones para ayudar a las poblaciones más vulnerables.

Los refugios hacinados para los venezolanos, en el fronterizo estado brasileño de Roraima, tienen que hacer frente a problemas de higiene, abuso de alcohol y violencia. A medida que los venezolanos continúen llegando, deben encontrarse nuevas soluciones para ayudar a las poblaciones más vulnerables. Crédito: Bram Ebus/CrisisGroup

La frontera de 2.199 kilómetros entre Venezuela y Brasil, un área de selva y matorrales escasamente poblada, se ha transformado por la crisis política y económica que devasta a Venezuela, en una región marcada por la delincuencia transnacional, el desplazamiento y la violencia.

La escalada violenta se materializó a finales de febrero de 2019, cuando una confrontación entre un convoy de guardias nacionales venezolanos y un pequeño grupo de residentes del poblado de Kumarakapay desencadenó una letal serie de eventos que sacudió a toda la región.

Según testigos, los habitantes del poblado, que se encuentra en el venezolano estado Bolívar, aproximadamente 50 kilómetros al norte de la frontera con Brasil, estaban profundamente dormidos el 22 de febrero cuando varios vehículos blindados irrumpieron en la zona.

Estos soldados se dirigían al sur para bloquear la ayuda humanitaria que la oposición venezolana planeaba ingresar al país al día siguiente como parte de una campaña apoyada por Estados Unidos, Brasil y varios países latinoamericanos para dividir a los militares y derrocar al presidente Nicolás Maduro.

Según algunos informes, los pobladores, pertenecientes a la comunidad indígena pemón que goza de autonomía formal en su territorio, pretendían bloquear el paso de los soldados, ya que querían que esta ayuda ingresara. Según otros informes, los pobladores simplemente querían hablar con los intrusos y preguntarles qué estaban haciendo. En cualquier caso, lo que sucedió después es claro: los soldados del convoy abrieron fuego, matando a una mujer in situ y dejando al menos quince heridos.

El incidente desencadenó seis días de enfrentamientos letales. Las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos irregulares se enfrentaron con los manifestantes a lo largo de la frontera, dando como resultado siete personas asesinadas y al menos 62 detenidas.

Según un defensor de derechos humanos y un amplio número de pobladores que huyeron a Brasil, alrededor de 70 autobuses escolares se dirigieron a la frontera a bloquear la ayuda entrante; en estos buses no solo iban soldados, sino también integrantes de grupos paramilitares aliados al gobierno, llamados colectivos, y presos liberados para que se movilizaran al frente.

Aún se desconoce la cifra total de víctimas. Después de la investigación sobre la violencia de febrero, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, citó “informes de una posible fosa común, que justifica una mayor investigación”.

La frontera parece estar en paz nuevamente, pero las realidades políticas, económicas y demográficas que alimentaron los enfrentamientos de febrero, y otros brotes relacionados, se mantienen. Estas realidades se extienden mucho más allá del enfrentamiento internacional que detonó la confrontación de Kumarakapay. La región es un hervidero de operaciones mineras ilegales y base de grupos criminales expansionistas que trabajan en conjunto con fuerzas de seguridad corruptas.

Los pobladores que son objeto continuo de hostigamientos y extorsión por parte de estos grupos algunas veces los enfrentan, pero en su mayoría terminan escapando del miedo y el empobrecimiento emigrando a Brasil, que a su vez lucha por asimilarlos. El tráfico de personas y otras actividades ilícitas. A medida que aumenta la tensión entre civiles vulnerables y los grupos que los asechan, la amenaza de violencia nunca está lejos.

El boom minero y la guardia depredadora

El reciente aumento de las tensiones entre las fuerzas de seguridad venezolanas y los pobladores de las inmediaciones de la frontera con Brasil es en cierta medida, una consecuencia del auge minero en la región de la Gran Sabana en el estado Bolívar, el cual ha sido impulsado por grupos criminales y por la falta de liquidez del gobierno, que empuja a acelerar las exportaciones de oro y diamantes. En teoría, las fuerzas armadas del país tienen el control de la industria minera, pero también trabajan con actores criminales, que han expandido agresivamente sus intereses mineros con impunidad.

Los grupos de crimen organizado venezolanos llamados sindicatos y las guerrillas colombianas se han convertido en actores importantes en las minas de Bolívar y del vecino estado Amazonas, y a menudo trabajan en alianzas volátiles con fuerzas estatales corruptas.  A medida que estos grupos toman de manera hostil las tierras y minas ricas en minerales operadas por pobladores locales, la violencia algunas veces estalla. Los sindicatos controlan a sangre y fuego zonas críticas de minería como El Dorado y Las Claritas.

Líderes indígenas dicen que los grupos criminales actúan bajo el amparo de altas esferas del gobierno. De acuerdo con estas fuentes, representantes políticos de los once municipios del estado Bolívar, leales al gobierno de Caracas y a la administración regional chavista hacen la vista gorda a sus actividades criminales y, a cambio, participan en las ganancias de la minería, que a su vez sirven de salvavidas financiero para el Estado y sus funcionarios en medio de la crisis económica de Venezuela.

Un exmiembro de la Guardia Nacional Venezolana que desertó y ahora vive en Brasil advirtió que empresarios brasileños también hacen parte del problema. Dijo que estos envían camiones cargados de alimentos a la frontera para alimentar al ejército y a los mineros venezolanos y que a menudo reciben como pago oro extraído ilegalmente. Esto puede ayudar a explicar por qué, el estado fronterizo brasileño de Roraima exporta más oro del que produce.

Por su parte, las fuerzas de seguridad venezolanas cosechan los beneficios de la minería no solo al tomar parte de las ganancias ilícitas, sino a través de diversas actividades criminales. En algunas rutas, trafican mercancías a través de las fronteras. Junto a grupos ilegales involucrados en el tráfico de personas, miembros de la Guardia Nacional mal pagados también consiguen dinero al exigir extorsiones por movimientos transfronterizos de este tipo.

En los meses en que el gobierno venezolano cerró la frontera, del 22 de febrero al 10 de mayo, los guardias exigieron un pago de 150 reales brasileños (aproximadamente 36 dólares) por cada vehículo que pasara alguno de los cruces fronterizos ilegales, de acuerdo con el oficial que desertó. Cada presunto migrante que cruzaba a pie o en automóvil se vio obligado a pagar entre 100 y 150 reales (24-46 dólares), relató el exguardia.

Pero los guardias no siempre se pueden quedar con estos botines. Según el desertor de la Guardia Nacional con quien hablé, los miembros de la Guardia viven bajo la sombra constante de la extorsión. Explicó que, tanto en la frontera como en el aeropuerto regional de Santa Elena, un superior exige pagos semanales a sus subordinados sumando aproximadamente el equivalente de 2.000 dólares.

Hartos de salarios paupérrimos y terribles exigencias en el trabajo, muchos guardias contemplan abandonar sus puestos. Fuentes de la comunidad diplomática han reportado, que 77 guardias han desertado y cruzado la frontera desde febrero, pero para muchos otros el miedo les impide seguir sus pasos.  El exguardia con el que hablé logró esconder a su familia antes de cruzar la frontera e indicó que las fuerzas de seguridad ya han ido a buscarlos. “Son capaces de asesinar”, dijo.

Recordando con vergüenza la brutalidad que presenció desde dentro de la fuerza, dijo que el día que estalló la violencia en la Gran Sabana, los guardias recibieron instrucciones de disparar a los miembros de la población indígena local sin justificación. Él recuerda la orden como: “Indio que llegue, indio que le disparamos”.

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