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Las elecciones en Cuba abren la puerta al relevo generacional de la Revolución

Lunes, 12 Marzo 2018 17:00

(adnmarcospaz//Daniel Cubilledo Gorostiaga).-- Es cierto que el relevo generacional no será consumado del todo hasta que Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura sean sustituidos de los máximos cargos del PCC,
tras la celebración de su VIII Congreso previsto para 2021.

Pese a las reservas, dudas y cautelas mostradas por algunos analistas y diversos medios de comunicación, Raúl Castro no continuará siendo el presidente de Cuba tras las elecciones generales que se celebrarán el próximo 11 de marzo. Esto no solo confirma lo que el propio mandatario ya había anunciado en múltiples ocasiones[i], sino que también ratifica lo acordado en el 2011 durante el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), sobre la limitación de los principales cargos del Gobierno y el Estado a un máximo de dos períodos consecutivos (diez años).

La pregunta que emerge de inmediato es quién sucederá a Raúl Castro cuando el próximo 19 de abril los nuevos diputados electos a la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) ejerzan su voto, aunque hasta ahora todos los pronósticos apuntan al actual Primer Vicepresidente, Miguel Díaz Canel. A esta incógnita se suma el hecho de que, por primera vez desde 1959, el jefe del Gobierno y del Estado -así como la mayoría de sus principales miembros- no pertenecerán a la llamada Generación Histórica.

Sobre este punto no habría que pasar por alto el posible significado – más allá de lo simbólico- de las condecoraciones otorgadas por Raúl Castro el pasado 24 de febrero en el recién inaugurado Capitolio (futura sede de la Asamblea Nacional, como ha señalado a través de redes sociales el exdiplomático y académico cubano Carlos Alzugaray[ii]). Los condecorados como Héroes del Trabajo de la República de Cuba fueron José Ramón Machado Ventura (vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros, además de Segundo Secretario del PCC) y los Comandantes de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez (también vicepresidente del Consejo de Estado y de Ministros y miembro del Buró Político del PCC) y Guillermo García Frías (miembro del Consejo de Estado y del Comité Central del PCC). El mensaje posible es que no solamente haya un nuevo presidente en abril, sino todo un Consejo de Estado y Consejo de Ministros sin miembros de la Generación Histórica.

No obstante, es cierto que el relevo generacional no será consumado del todo hasta que Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura sean sustituidos de los máximos cargos del PCC, tras la celebración de su VIII Congreso previsto para 2021. Sin embargo, el propio Raúl Castro ha realizado durísimas autocríticas sobre los daños que la suplantación de funciones del Gobierno y del Estado por parte del Partido ha causado a la institucionalidad del país[iii]. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando, además, el clima del “Proceso de Actualización” caracterizado por una fuerte crítica a los errores del pasado y la introducción de importantes cambios en todas las esferas,

no tendría demasiado sentido que el Primer Secretario del PCC y principal impulsor del citado proceso, interfiriera en las principales decisiones del nuevo Gobierno.  Por todo ello, las próximas elecciones en Cuba tendrán un carácter inédito. Y con ellas, se abrirá una nueva etapa en el proceso de reformas donde uno de los grandes  desafíos será gobernar sin la legitimidad histórica y la autoridad moral de aquellos que protagonizaron la revolución latinoamericana más radical e influyente del siglo XX.

De esta manera, no solo será puesta a prueba -como nunca antes- la capacidad de gestión de los nuevos representantes, sino la de todo el sistema político, esto –además- en una coyuntura sumamente compleja y delicada que analizaremos a continuación.

El desempeño económico y los retos del proceso de actualización

Tras un 2016 en el que por primera vez desde los duros años del Período Especial la economía cubana se contrajo alrededor del 1 %, en el 2017 se revirtió la tendencia al lograrse un modesto crecimiento del 1,6 % del PIB. De esta forma, si consideramos la adversa coyuntura económica (limitaciones en las importaciones de petróleo y sus derivados por la crisis en Venezuela, restricciones financieras externas, y las pérdidas valoradas en más de 13.000 millones de dólares tras el paso del ciclón Irma, el más potente huracán generado en el océano Atlántico desde que se tienen registros), el desempeño no fue malo[iv]. Pero si tenemos en cuenta las necesidades del país y las expectativas de la población, los resultados son claramente insuficientes. La estimación de un crecimiento del 2 % en 2018 augura la continuación de las tensiones en este terreno.

Teniendo en cuenta dicho escenario, es probable que el nuevo Gobierno tenga que tomar unas u otras decisiones en función de dos lógicas contrapuestas: por un lado, la de la audacia, sostenida por los partidarios de acelerar las reformas como fórmula para superar los obstáculos de la economía; por el otro, la lógica de la prudencia, de aquellos otros que desaconsejan lo anterior hasta que no se solucionen, previamente, una serie de problemas estructurales que aún persisten. No debería soslayarse que, en el fondo de las dos posturas y de sus diversos matices y variantes, subyacen diferencias ideológicas nada despreciables derivadas de las diversas visiones del socialismo que se disputan la dirección y el ritmo de las reformas[v].

Así, el nuevo Gobierno se enfrentará a decisiones sobre medidas concretas que requieren una pronta solución, por ejemplo:

– La reanudación del otorgamiento de licencias y/o ampliación de actividades para ejercer el trabajo por cuenta propia, paralizado desde el verano de 2017 debido a un
proceso de reordenación y perfeccionamiento del sector.

– La unificación monetaria y cambiaria (bien sea su implementación, de no realizarse hasta el mes de abril del presente año, o la gestión de sus probables distorsiones una
vez sea materializada).

– La puesta en vigor de una Ley de Empresas que recoja los derechos y deberes de las nuevas formas de propiedad y resuelva, al mismo tiempo, contradicciones como las
de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) privadas con trabajadores asalariados, que a pesar de ser reconocidas como tales en los documentos rectores de la
Actualización siguen operando bajo la figura de “trabajo por cuenta propia”.

– La simplificación de los trámites para la aprobación de las inversiones extranjeras directas.

Además, el estancamiento de la implementación de la Actualización desde 2016 ha creado un clima de insatisfacción en diversos sectores de la sociedad. Ello incrementará la presión sobre el nuevo ejecutivo en la medida en que las expectativas en ámbitos como el nivel de los salarios, la mejora del transporte y la vivienda, o la mayor oferta de alimentos a precios más asequibles, no se correspondan con los resultados logrados[vi].

Por último, aunque no menos importante, existen algunas reformas de carácter político-institucional de máxima relevancia que si bien ya han sido anunciadas por los Gobiernos precedentes todavía no han sido llevadas a cabo. La reforma de la Constitución, la discusión y aprobación de una nueva Ley Electoral, o la generalización a todas las provincias del nuevo funcionamiento del Poder Popular consistente en la separación de funciones legislativas (Asambleas), ejecutivas (Gobiernos) y económicas (empresas estatales), y que ya ha sido aplicado de forma experimental en las provincias de Mayabeque y Artemisa, son, probablemente, las más importantes[vii].

El grado de discusión que provocarán -tanto en la sociedad como en el Parlamento- las nuevas condiciones señaladas, pondrá a prueba la nueva institucionalidad en construcción, en la que se incluye el importante papel de los medios de comunicación públicos, así como las fortalezas y debilidades de la democracia socialista.

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