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La paz con las FARC se "empantanó" y el Gobierno resbala (Parte I)

Miércoles, 14 Febrero 2018 17:01

(adnmarcospaz//Alvaro Villarraga. Bogotá, enero 2018.).--  El siguiente es la primera parte del estudio enviado por el cientista político colombiano José Francisco Puello-Socarrás, sostiene que "Un logro histórico de paz amenazado por opositores y dinámicas violentas. Una mirada global, estratégica e histórica, evidencia éxito del Acuerdo de Paz Gobierno-FARC. 

Resultado de imagen para El acuerdo de paz con las FARC se "empantanó"Con el crecimiento de los asesinatos masivos de militantes y simples campesinos, se enredó lo alcanzado en la mesa de negociaciones.                   

Supera una guerra civil de varias décadas y contribuye a solucionar derechos sociales, garantías políticas y la grave la crisis en justicia, derechos humanos y humanitaria."Pero una mirada coyuntural, actual, evidencia que a un año de implementarse el acuerdo los resultados son muy parciales y ante oposiciones desde instancias del Estado y sectores de la sociedad que buscan revertirlo, varios desarrollos han desvirtuados y atraviesa distintos riesgos, entre ellos los proyectos de revertir sus medidas y la falta de garantías y ataques contra excombatientes y líderes sociales en las regiones donde se focalizó el conflicto.

Adicionalmente, se discutió que la “paz completa” exigía al gobierno y al Estado un acuerdo de paz también con el ELN y superar el fenómeno paramilitar y diversas expresiones de ilegalidad y violencia, incluidas redes mafiosas sustentadas en economías ilegales y la emergencia de expresiones disidentes y/o delincuenciales, producto residual del pacto de paz con las FARC. En tal sentido, Gobierno y ELN instalaron la mesa de negociación en Quito, Ecuador, definieron una metodología de consulta a la sociedad y adoptaron un cese al fuego y hostilidades bilateral y temporal, pero el proceso entró en crisis ante la falta de avance en la agenda y el retorno a la confrontación y la violencia, dado que las partes no consiguieronrenegociar un nuevo cese, a pesar del clamor al respecto desde sectores de la sociedad y la comunidad internacional.

Paralelamente, antes que superarse las “herencias paramilitares y redes delincuenciales asociadas”, como las define el acuerdo de paz, se han exacerbado sus actuaciones en el actual contexto en medio de las disputas territoriales y de poder entre el Estado, agrupaciones narco-paramilitares, mafias, el ELN y expresiones residuales disidentes o de descomposición delincuencial de algunos núcleos minoritarios de anteriores combatientes o milicianos de las FARC, que se disputan todos ellos violentamente amplias zonas antes controladas por las mismas FARC. Y precisamente en tal contexto, arrecian los ataques Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC:  principalmente desde estructuras narco-paramilitares y de algunos de los sectores opuestos al pacto de paz o resistentes a la devolución de tierras usurpadas violentamente, la superación de economías ilícitas y a otras medidas del acuerdo de paz, que ocasiona el asesinato sistemático de líderes sociales y ex combatientes amnistiados e indultados de las FARC.

La implementación del acuerdo con las FARC: poco avance y medidas incoherentes. El punto 6.3.2 del Acuerdo de Paz define dos acciones con respecto al monitoreo de su implementación: el diseño de una metodología que identifique los avances y su aplicación de forma que mida el nivel de cumplimiento y proporcione evaluación y seguimiento de los compromisos acordados, posibilitando tomar decisiones. Entre las instancias creadas en el acuerdo la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI), la  Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el Consejo Nacional de Reintegración realizan seguimiento en su ámbito, a lo que se agregan los veedores internacionales y las dos misiones consecutivas de la ONU para verificar y monitorear en lo relativo la primera al cese bilateral de hostilidades y la concentración y desarme de las FARC y la segunda las garantías de seguridad y para reintegración de excombatientes y población aledaña.

Pero de manera específica fue encargado para el diseño y desarrollo del monitoreo periódico del conjunto del acuerdo el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz, de la Universidad de Notre Dame, de EEUU.
El Instituto Kroc entregó su primer informe en noviembre de 2017, el cual identificó 558 disposiciones de paz en el acuerdo, de forma que en 251 (45%), se observaba alguna actividad desarrollada, mientras en el resto (55%) no había ningún avance.

El gobierno lo tomó con beneplácito interpretando un buen avance, pero es de advertir que es más un mensaje político de conveniencia, puesto que no se afirma que haya desarrollo satisfactorio en el 45%, sino que al observar los avances en cada disposición son mínimos o insuficientes los logros. Las FARC cuestionó la metodología, el análisis y el resultado entregado, al considerar inconsistente utilizar como referente una matriz de seguimiento preexistente,  destinada a comparar procesos de paz de 34 países, con una serie general de indicadores, Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC:
sin tratarse de un diseño propio, adecuado al contexto, el contenido y los compromisos de cumplimiento particulares del acuerdo.

Desde la perspectiva académica también hubo opiniones críticas similares ante la matriz de análisis comparativo entre procesos de paz utilizada por este instituto, reclamando la necesidad de contar con un instrumento contextualizado y adecuado a las características propias del acuerdo de paz.

“A nivel descriptivo, una adecuación, adaptación y/o ajuste de una metodología (previamente construida), lógicamente enfatizará las similitudes del caso en cuestión convergiendo con las generalidades de los demás casos[1]. De otra parte, una metodología constituida a partir del caso subrayaría –por el contrario– las particularidades (contextuales) del mismo (no hay que confundir esto con singularidades idiosincráticas, pues no se trata de caer en una especie de   “parroquialismo”) y, eventualmente en perspectiva comparada, las diferencias frente a otros casos. Pero esto último siempre teniendo en cuenta las especificidades (v.gr. históricas)”[2].

Ante este impase se agregó de manera positiva un esfuerzo que retoma la valiosa experiencia en seguimientos y monitoreos de las ONG de Colombia, al onformarse el Observatorio de Seguimiento a la Implementación del Acuerdo de Paz (OIAP), el cual ha entregado informes periódicos particularizados y contextualizados. Su IV informe, en enero de 2018, estimó que los mayores logros en la implementación del acuerdo corresponden a la dejación de armas y el paso a la vida legal de las FARC y las mayores dificultades y demoras se asocian a la respuesta oficial en atención a medidas relacionadas con derechos sociales comprometidos en el acuerdo.
El OIAP registró de manera particular un avance tan solo del 18.3% e insistió en estrategias políticas para conseguir un nivel mayor, más coherente y de mayor impacto en la aplicación de las medidas del acuerdo. Con relación a ello puso de presente la importancia del liderazgo del presidente para garantizar mediante su compromiso directo los avances institucionales, la participación decidida que debe adoptar la sociedad a favor de las acciones de la paz y lamentó que no se hubiera logrado aplicar oportunamente la medida de conformar un Implementación del Acuerdo de Paz con las FARC:

Acuerdo Político Nacional con fuerzas políticas, sociales y candidaturas sobre postulados de no violencia en la actuación política y social, el compromiso con la paz y hacia el logro de la reconciliación.
Así mismo, el OIAP especificó con relación al Procedimiento Legislativo Especial asumido para el Congreso, abreviado y agilizado para las iniciativas legales de implementación del acuerdo, que de 24 proyectos solo fueron aprobados 10. Sobre el primer punto del acuerdo (Reforma Rural Integral), estimó el 5% de aplicación y sobre los PDET el 12%. Con relación al segundo punto (Participación Política), señaló avance del 19.2%, con logro en el Acto Legislativo que crea el Estatuto para la Oposición, pero déficit en mecanismos de participación democrática, de garantías y con fracasos en el proyecto de reforma política y en el de Circunscripciones Especiales Territoriales de Paz. Con relación al tercer punto (Fin del Conflicto), encontró el 33% de avance con las Zonas y Puntos Veredales de concentración guerrillera, el desarme de las FARC y el inicio de la reincorporación con la creación de ECOMÚN, la realización del censo socioeconómico de excombatientes y el surgimiento del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.

Sobre el punto cuatro (Solución Cultivos Ilícitos), solo 6% de avance, con un programa de sustitución en fase inicial y carencia de programas de producción, comercialización, prevención y salud pública. Advierte la tensión entre la concertación de la sustitución acordada y las acciones oficiales de fuerza oficiales con graves consecuencias humanitarias, de forma que las comunidades también advierten que la estrategia fracasará si no se cumplen simultáneamente los planes de reforma rural integral. Sobre el punto quinto (Víctimas), 9.3%, con avance en el surgimiento legal del SIVJRNR, la JEP, la UBPS y la CEV, estando pendientes revisiones constitucionales, desarrollos normativos y discusiones sobre el real cumplimiento de lo pactado en varios asuntos reglamentados. Y del punto sexto (Medidas de Implementación y Verificación), el 23%, destacándose la cooperación internacional en instrumentos aplicados, pero estando pendiente aún un Plan Marco de Implementación, demorado por varios factores, en especial por la demora presentada en la inclusión del componente étnico y sus elementos.


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