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CIDH condenó al Estado paraguayo por violación de derechos humanos

Sábado, 30 Diciembre 2017 13:03

(adnmarcospaz// Dick Emanuelsson).--  El Estado paraguayo puede esperar una dura condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después que la Comisión encontrara y condenara al Estado paraguayo como responsable en el caso de dos dirigentes del partido de izquierda Patria Libre, secuestrados, torturados y obligados de irse al exilio. El “Caso 12.685” es un clásico caso de Terrorismo de Estado.

Resultado de imagen para Dick EmanuelssonEl autor del artículo, radicado en Guatemala, periodista Dick Emanuelsson.                      La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA condenó al Estado paraguayo en el Caso 12.685 y presentó demanda contra este en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Paraguay es reo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos desde el año 2008 en el Caso Nro. 12.685, cuando la CIDH decidió admitir la demanda por los hechos de terrorismo de Estado, secuestro y torturas a que fueron sometidos los líderes del movimiento Patria Libre de Paraguay. Juan Arrom, Anuncio Martí y otros familiares son considerados víctimas del Estado paraguayo por cometer graves violaciones del Estado de derecho constitucional en ese país por medio de funcionarios policiales, fiscales, militares y civiles.

El trámite legal

La decisión en instancias de la Comisión, denominadas en la técnica jurídica como “recomendaciones” constituye la condena, la sanción que es impuesta al Estado que transgrede el dispositivo internacional de derechos humanos de la OEA. Si existiere incumplimiento de tales sanciones, o expectativa por parte de la Comisión de que las mismas no serán cumplidas, la Comisión puede demandar al Estado miembro ante la Corte IDH. Como lo dispone el Art. 51 de la Convención Americana de Derechos humanos:

“La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las medidas que le competan para remediar la situación examinada…Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe”. La resolución de la CIDH es del pasado 12 de diciembre de 2017 pero su contenido aún está en sigilo: CIDH Casos en la Corte.

 Caso emblemático de derechos humanos. Es uno de los casos más graves de terrorismo de Estado después de la caída de la dictadura de Stroessner en 1989.

Como fue manifestado en el juicio político en el congreso paraguayo, al que fuera sometido uno de los autores intelectuales de estos hechos, Oscar Latorre Cañete, ex fiscal general del Estado, “personal del Ministerio Público, del Centro de Investigación Judicial y de la Policía Nacional (...) es partícipe del grave cuadro de violaciones a los derechos humanos, no solo de los señores Martí y Arrom (...) La responsabilidad política de todos estos hechos recae finalmente en el Fiscal General del Estado, quien es el titular y máximo responsable del Ministerio Público y solamente puede ser removido por la vía del enjuiciamiento político. Sin embargo, de comprobarse que además estaba en conocimiento, al igual que los fiscales de la causa, de la desaparición forzosa y tortura de los señores Arrom y Martí, el doctor Oscar Latorre además deberá enfrentar procesos penales por su participación en estos hechos” (Escrito de acusación política en la sesión del Congreso paraguayo, 12 de febrero de 2002).

El fiscal general Oscar Latorre, una de las piezas claves del Terrorismo de Estado en el montaje en contra Arrom y Martí.

Otro juicio político en el congreso de Paraguay, esta vez contra el ex presidente Luis Angel González Macchi, en febrero de 2003, tuvo también entre las acusaciones principales el caso de Arrom y Martí, dirigentes de Patria Libre, dejó en claro los motivos del proceso en el libelo acusatorio de la Cámara de Diputados de la Nación contra el ex presidente de la república Luis Angel González Macchi:

“El Caso Arrom/Martí. El caso más grave y que ejemplifica mejor esta conducta delictual de los organismos de seguridad del Estado, es el de la privación ilegítima de libertad, desaparición forzada, tortura, tratos crueles y degradantes en perjuicio de los ciudadanos Juan Arrom, Anuncio Martí, Víctor Colmán, Ana Rosa Samudio de Colmán y Jorge Samudio....(pag. 3)”

El documento acusatorio, que fuera aprobado por la Cámara de Diputados en forma unánime (ABC 21/12/2002) estableció cuatro bloques de violaciones en materia de derechos humanos en el caso de Arrom y Martí:

· Responsabilidad por privación ilegítima de libertad y desaparición forzada.
· Responsabilidad por tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
· Ejercicio ilícito del poder público en flagrante violación de los derechos humanos.

· Responsabilidad por persecución ideológica y menoscabo a la libertad de asociación.

Martí durante uma movilización del pueblo indígena Enxet del Chaco Paraguayo.

Demanda ante la Corte Interamericana

La impunidad a nivel nacional motivó la demanda ante la CIDH en el 2004. En el 2008 la CIDH admitió el Caso 12.685. En el 2010 se rompió el diálogo amistoso promovido por la CIDH en razón de una inaudita propaganda ilegal del reo, el Estado paraguayo, ofreciendo recompensa por la captura de los refugiados políticos por ACNUR en Brasil.

La decisión de la CIDH de elevar la demanda contra el Estado paraguayo ante la Corte IDH se debe, según especialistas en derechos humanos, a que el Estado paraguayo no ofreció garantías sólidas de que cumpliría con la condena que le fueron impuestas como consecuencia de estos hechos ocurridos en 2002.

La Comisión Interamericana por regla impone sanciones para la reparación de los daños físicos, psicológicos, morales y económicos a las víctimas, así como es su facultad también resolver imposiciones que modifiquen el marco legal para contribuir a la vigencia y respeto de los derechos humanos. Aunque la CIDH aún no dio a conocer su veredicto, se parte del presupuesto básico de la condena y de que ya existe una desconfianza hacia la actitud del Estado paraguayo por sus antecedentes en diversos casos que, incluso ya decididos en la Corte IDH, no han sido cumplidos a cabalidad.

Celeridad en la demanda ante la corte:
Paraguay reo por delitos de lesa humanidad

El Caso 12.685 habría sido derivado a la Corte Interamericana con relativa celeridad considerando su extrema gravedad, puesto que los sucesivos gobiernos de Paraguay no han frenado la actitud abierta de persecución política e ideológica contra estos líderes que se encuentran con Refugio Político y bajo protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) en Brasil.

Un ejemplo de ello ha sido la insólita propaganda del gobierno del ex obispo Fernando Lugo, según justifican allegados por “presión de la extrema derecha Colorada”, en la que se ofreció recompensa monetaria por la captura de ambos dirigentes.

Martí con líderes del movimiento indígena de Paraguay.

Terrorismo de Estado para frenar todo avance
del movimiento revolucionario de masas

De hecho, los gobiernos colorados, a partir del estallido y grave crisis que generó la represión contra los máximos líderes nacionales del movimiento Patria Libre en el año 2002, han centrado buena parte de las baterías del terrorismo de Estado contra este sector de la izquierda que en su momento constituyó un serio potencial de surgimiento de un frente patriótico revolucionario de masas.

El mismo partido de la dictadura, el Partido Colorado en el poder desde 1947 en alianza con la dictadura civil de Higinio Morínigo, gobernando por más de 5 décadas, dio muestras de que estaba siendo desestabilizado por la oposición popular. La reacción adversa e inesperada contra los planes del gobierno, que pretendía establecer en Patria Libre una cabeza de puente para reprimir masivamente a la izquierda y al movimiento social, tuvo como consecuencia un claro enfrentamiento de masas a la política neoliberal del régimen.

En mayo de 2002, un frente amplio político y social de masas, el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), derroto al gobierno en su plan de imponer una Ley de Privatizaciones y una Ley Antiterrorista. Tuvo que retirar ambos proyectos del congreso luego de casi tres semanas de movilizaciones, paros, huelgas y cierres de rutas en todo el país, los cuales movilizaron activamente unos 80 mil miembros de organizaciones campesinas, juveniles, políticas de izquierda y sociales.

Ya en el año 2003 Patria Libre constituyó un frente político-electoral de la izquierda patriótica y socialista, donde por primera vez se presentaron candidaturas a todos los cargos en los 17 departamentos del país y en la capital. Arrom, hoy refugiado político en Brasil, encabezó la lista nacional para el Senado la cual, según diversas evidencias y encuestas previas, sufrió del conocido fraude electoral practicado por el partido Colorado, habituado a resolver con violencia sus luchas fraccionales, como el asesinato de Argaña, ex vicepresidente de línea stronista dura en 1999. Es ampliamente conocido que en Paraguay los mecanismos de control electoral son muy frágiles, la izquierda en zonas rurales carece de garantías y las presiones del régimen son violentas contra la oposición.

Juan Arrom durante una manifestación popular en Asunción.
Régimen oligárquico represivo y círculo vicioso de la impunidad

Por sobre todo, la resolución del Caso 12.685 que generó una de las peores crisis del gobierno colorado en el período de apertura democrática, con destitución de dos ministros y de toda la cúpula de la Policía Nacional y parte del ministerio público (Centro de Investigación Judicial), puede abrir paso a una importante lucha por la vigencia de los derechos humanos y del Estado de derecho y cumplimiento de acuerdos internacionales por parte del Estado paraguayo.

La Impunidad es un círculo vicioso que genera el agravamiento de las violaciones de los derechos humanos. Esta es una verdad cruda para el caso paraguayo que ha visto repetidos numerosos casos en los cuales muchas veces están involucrados los mismos agentes del Estado que ejecutaron el secuestro y torturas de Arrom y Martí.

Pero el hecho más impactante se dio en el Caso Curuguaty, con la masacre de 11 campesinos y 6 policías, hecho de notado carácter político que fue utilizado para la destitución anticonstitucional del ex presidente Fernando Lugo en el año 2012.

En este caso según el PEIC la acusación fiscal no tiene ningún sustento para condenar a los campesinos, quienes no sólo sufrieron la represión y asesinato con balas de guerra, probablemente de francotiradores, sino que además sufrieron torturas y ejecuciones sumarias a corta distancia, todo documentado por informes de peritos y especialistas.

A esto se suma el sistemático asesinato de dirigentes campesinos que al cierre del año 2016 sumaban 132 en total, sin considerar los miles de procesados y criminalizados en la justicia, secuestrados y torturados por grupos policiales o paramilitares y heridos en graves desalojos de ocupaciones de tierras, tanto campesinos como indígenas SOCIALWATCH 2016.

Asimismo, el Estado paraguayo hasta la fecha no ha cumplido a cabalidad la sentencia en diversos casos de restitución de tierras a los indígenas, en sentencias ya proferidas por la Corte IDH. Los casos son de Indígenas de la región del Chaco: “Comunidad indígena Yakye Axa vs Paraguay”, “Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs Paraguay” y “Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs Paraguay”.: ____________________

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