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07:40  El País

Programa Hogar en riesgo

 

El Municipio de Morón lleva adelante una campaña de difusión para llegar a todos los potenciales beneficiarios del programa del Gobierno Nacional “Ho.Gar” que permite a quienes no cuentan con red de gas natural recibir un subsidio directo para la compra de garrafas.

A menos de un mes de lanzado el Programa Hogar para subsidiar el consumo de gas domiciliario en garrafas entre familias de bajos ingresos, se desató una ola de especulación, que de no frenarse podría tronchar el beneficio social y la inversión pública comprometida.

La cantidad de denuncias por especulación en el precio de la garrafa de gas, registradas en solo cinco provincias, convirtió en noticia y escándalo un programa estatal de subsidio que debería funcionar como una tracción para el consumo nacional.

Siguiendo un registro periodístico de la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y Córdoba, se suman más de 12.000 denuncias hechas a organismos contralores, o expresadas a Comunas y centros comunitarios, sindicatos, radio emisoras locales, medios gráficos y redes sociales.

En Santa Fe, por tomar un ejemplo, la seccional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) instó al gobierno provincial a instalar urgentes medidas y controles "ante denuncias de afiliados que sufrieron abusos" de parte de vendedores. En Corrientes, el diario El Litoral del 21 de abril de 2015 reseñaba, “Desde que el gas no llega a los barrios de manera directa a través de los distribuidores, las denuncias por sobreprecios en las garrafas se multiplicaron en Corrientes”.

En algunos lugares, el Gobierno Nacional se obligó a clausurar a las fraccionadoras que no comercialicen el gas con el fin de generar desabastecimiento. El diario Primera Línea, de Chaco, informó el 31 de marzo de “Los operativos que permitieron clausurar dos distribuidoras de la provincia de Córdoba, una en Jujuy, una en Santa Fe, una en Paraná y otra en Tucumán”.

Según reveló esta fuente sindical, una parte de los comerciantes elevaron el precio de 97 pesos pautado en el Programa Nacional "Hogar" hasta el 400 por ciento en las garrafas de 10 kilogramos.

El precio máximo de venta para el fraccionador en venta minorista no debería pasar 48,60 pesos la garrafa de 10 kg, de 58,32 pesos la garrafa de 12 kg y de 72,90 pesos en el caso de la garrafa de 15 kg. Esos precios tienden a desaparecen en los circuitos de consumo en los barrios pobres, a los que está dirigido el Programa. La garrafa de 48,60 pesos se vende entre 160 y 200 pesos, según las denuncias.

El estimado de garrafas a subsidiar cada año, es de 39,5 millones de envases, según registro del ANSES. El “Programa Hogar” es un subsidio directo dirigido a hogares que, además de no contar con el servicio de gas en red, perciban ingresos de no más de dos salarios mínimos, o sea, unos $9.000 pesos mensuales. También en los casos de familias que cuiden a un familiar con discapacidad y que el salario familiar no supere los 3 salarios mínimos ($14.148), y a viviendas de uso social o comunitario de carácter precario.

A pesar de que el gobierno nacional y los provinciales publicaron una lista con los puntos de venta identificados y la tabla de precios máximo, los especuladores subvirtieron ambos instrumentos marcando precios que tienden a convertir el Programa Hogar en un mero pretexto para el negocio individual e ilegal. Esta realidad es difícil de cuantificar por lo resbaladizo del tipo de comercio irregular. Pero las denuncias registradas dan cuenta de su proporción.

En algunas medidas, la especulación desbocada con las garrafas contiene las mismas determinantes estructurales del gigantesco negocio establecido en La Salada. El mercado ilegal surge de la economía informal y se encubre con el formal o legal. El primero crece a la medida que se mantiene latente la economía de exclusión, o "informal".

En el caso del consumo masivo de gas domiciliario, la explicación de fondo se encuentra en la ausencia de redes de distribución centralizada en el Estado, que impida el fraccionamiento en garrafa como medio de consumo. El brote de mercaderes parasitarios a escala del consumidor final nace y se reproduce en la garrafa.

Todo intento, por bienintencionado que sea, de proteger el precio de consumo popular de un bien como el gas en garrafa, tendrá como límite que la fabricación y la distribución de gas en ese tipo de envases, está lejos del control del Estado y de los consumidores.

Un caso particular en una pequeña comunidad, como General Rodrígez, al oeste del Gran Buenos Aires, retrata esa realidad. El sitio www.pilardetodos.com.ar informó que "A través de la Dirección de Defensa al Consumidor y la Secretaría de Política Institucional, comenzó a implementarse el Programa Hogar, durante los martes y jueves de 9 a 13 horas. «La verdad que la garrafa al precio pautado, tan necesaria, no le llega a mucha gente, porque hay que retirarla en lugares y a precios decididos por los camiones distribuidores», señaló María José Cozzani, titular del área de Defensa al Consumidor.

En Presidente Derqui se vendieron solo 140 unidades a precios oficiales. El resto de la venta se realizó a los precios marcados por los vendedores en nombre propio. Para un vecino común, o sea, la mayoría, resulta muy difícil defender el precio oficial. No solo no tiene hábito de hacerlo, es que tampoco cuenta con medios institucionales, pero necesita la garrafa para ese mismo día.

Esta situación explica por qué en La Ciudad de Buenos Aires, la especulación está limitada a los aumentos aprobados por el gobierno de la Ciudad, sin que pueda ramificarse en otras formas especulativas, o incontroladas, mediante distribuidores personales de envase.

La población de la Provincia de Buenos, a pesar de contar con el mayor porcentaje de población en un solo territorio, registra un nivel de consumo de gas domiciliario sin red, superior a cualquier otro del país. Con el 39% de la población, consume el 43% de gas en garrafas. Esta tasa de consumo se ampliaría sensiblemente, disminuyendo el precio, si el consumo fuera por redes directas, según los estudios del experto internacional en combustibles, Alex Pilco Núñez, de la Universidad de Ingeniería de Lima, Perú.

Esto se puede demostrar en la ciudad de Buenos Aires, donde se concentra apenas el 7% de la población y mantiene un consumo de gas estable en el 12% del total nacional, o sea, un porcentaje de consumo que supera en casi el doble del porcentaje poblacional, sin precios discresionales.

En sentido opuesto, las ciudades con menor densidad poblacional, tienen una capacidad de consumo reducida, debido al tipo de distribución y marcaje sin control de precios de la garrafa de gas.

La ciudad de Córdoba, con una población del 8% tiene un consumo estabilizado en el 8%, exactamente igual que los pobladores de la Ciudad de Santa Fe, la cuarta urbe del país. Mendoza, por ejemplo, con una población que no supera el 4%, consume apenas el 6%, y el resto del país, sumando una población del 34% mantiene un consumo de gas domiciliario que no supera al 23% del total.

Estas desproporciones en el derecho al consumo de gas domiciliario, genera un estado de desigualdad, imposible de resolver con la estructura actual del servicio, tampoco con un Programa de protección estatal al consumo popular como el Hogar.

Con datos del INDEC del año 2012, surge que existen más de 2 millones de personas desabastecidas de gas natural mediante red directa. Esta parte de la población debe recurrir al gas envasado distribuido sin regulación estatal. De esa distribución sin control dependen para satisfacer sus necesidades de energía calórica en el hogar, como cocinar, calefacción e higiene personal, tres necesidades básicas en la vida contemporánea.

La cantidad de usuarios, medido en personas, asciende a unos 570.000 hogares en todo el territorio nacional. Multiplicado por 5 personas la familia tipo argentina, el estimado de demanda es de 20 kg de GLP por mes para satisfacer esos tres servicios básicos, es decir que el consumo estimado total es de 850.000 garrafas mensuales en todo el país.

Las principales zonas del país desabastecidas de gas natural en red, son, están ubicadas al oeste del Gran Buenos Aires: La Matanza, Moreno, Merlo, Ezeiza, Ituzaingó, Marcos Paz y Morón.

En el interior, la estadística del Indec muestra la mista realidad en el sur de Mendoza, el norte de San Juan; en el noreste, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco; también Santa Fe, Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero, norte de Córdoba y San Luis. La mayor cantidad de Hogares necesitados se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, según el estudio.

Ese total de garrafas, 850.000, es el gran pastel usado por los especuladores hacerle daño a los barrios pobres y vulnerar en su raíz una política pública fundamental, como el Programa Hogar.

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