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Alberto Nisman: perfil de un fiscal de causas sensibles

Lunes, 19 Enero 2015 12:08

El fiscal Alberto Nisman fue encontrado sin vida el domingo por la noche en el baño de su departamento de junto a un arma de fuego y un casquillo de bala calibre 22.  Tenía 51 años, vivía en el piso 13 del edifico Le Parc, de Puerto Madero y tenía 10 custodios.

Ex esposo de la influyente jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, íntimo amigo de Mario Kohan –juez del Tribunal de Casación de la provincia, muy cercano a Sergio Massa-, Nisman dio sus primeros pasos en los tribunales del distrito de Morón. Allí fue secretario del juez Gerardo Larrambebere, a cargo del expediente por el ataque del Movimiento Todos por la Patria al cuartel de La Tablada . En el libro La Tablada. A vencer o morir, los autores Felipe Celesia y Pablo Waisberg cuentan que el magistrado le asignó a Nisman la investigación de los casos de Iván Ruiz y José Díaz, brutalmente torturados y vistos por última vez en un Falcon donde se los llevaron unos tipos de civil. Nisman y el juez apoyaron la versión oficial del Ejército de que habían muerto en combate.

De Morón se mudó a San Martín, donde fue nombrado fiscal frente a los tribunales orales de ese distrito. Ahí estaba, en julio de 1997, cuando el Procurador General Nicolás Becerra lo convocó para sumarse a la dupla de fiscales que por entonces investigaban el atentado a la AMIA, José Barbaccia y Eamon Mullen. Fue un pedido expreso de los dos –ahora procesados por actuaciones irregulares en la causa- al jefe de los fiscales, a quien le trasmitieron la necesidad imperiosa de contar con alguien que analizara la prueba que iba a elevarse a juicio.

En el pedido formal no había nombres, pero ante la consulta de Becerra, dieron el de Nisman. “Él se abocó a todo lo que tenía que ver de la causa “Brigadas”, de la detención de los policías, Barbaccia a la prueba respecto de Telleldin, y Mullen de la mecánica del atentado”, cuenta una fuente que vivió muy de cerca aquella investigación.

Nisman y la embajada

Aquél equipo de Nisman, Barbaccia y Mullen no terminó bien. Durante el juicio oral por la llamada “conexión local”, muchos testigos dijeron que ellos y el juez Juan José Galeano habían cometido una serie de irregularidades. Lo más grave, era la orden de Galeano de pagarle 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que implicara en el atentado a policías bonaerenses. “En el juicio oral quedó demostrado que no se investigó absolutamente nada”, afirmó a Infojus Noticias el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Ariel Nizcaner, un hombre que fue absuelto de haber participado en la adulteración de la Traffic. “Esto de la denuncia es toda hojarasca, dimes y diretes, pero no hay nada nuevo desde el punto de vista probatorio”, agregó el abogado.

En 2004, Nisman quedó a cargo de una unidad especial creada para concentrar todas las investigaciones vinculadas al atentado. “Siempre hubo un tema paradojal: Barbaccia y Mullen quedaron imputados, y él siguió a cargo. Es extraño”, reflexionó García Dietze. Pero no dio detalles.

Parte de su actuación en la causa, fue reconstruida en el libro “PolitiLeaks, todo lo que la política argentina quiso esconder”, del periodista Santiago O’Donnell, a través de centenares de cables secretos que la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires enviaba al Departamento de Estado norteamericano. O’Donnell contó que el fiscal Nisman anticipaba la mayoría de sus medidas de prueba a la sede diplomática norteamericana. Sobre todo, la pista iraní que favorecía los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

La situación quedó patente el 22 de mayo del año 2008. El despacho de Buenos Aires a Washington decía: “Los Oficiales (norteamericanos) de nuestra Oficina Legal le han recomendado al Fiscal Alberto Nisman que se concentre en los que perpetraron el atentado y no en quienes desviaron la investigación”. Ese mismo día, Nisman había pedido al juez federal Ariel Lijo  la detención e indagatoria del ex presidente Carlos Menem, de su hermano Munir –ya fallecido–, del entonces titular de la SIDE Hugo Anzorreguy, y su segundo Juan Carlos Anchezar, del magistrado Juan José Galeano y del ex comisario Jorge Palacios, por encubrir el atentado.

Al contrario de lo que solía hacer, Nisman no informó de aquella movida a la embajada. En los cables que envió la embajada ese mes de mayo de 2008, los diplomáticos reportaron que Nisman había pedido disculpas por no haber anticipado los pedidos de detención. Tuvieron que enviar tres cables para ampliar el reporte, por la cantidad de veces que el fiscal insistió con sus disculpas.

Soltar la mano

Aunque con idas y vueltas, Memoria Activa y Familiares y Amigos de las Víctimas de a poco fueron restándole su apoyo. Al cumplirse los 20 años del atentado a la AMIA, el 19 de julio del 2014, no sólo reclamaron una vez más por el esclarecimiento del atentado. También pidieron su apartamiento del expediente.

“Nisman ha mostrado su total incapacidad para investigar en esta causa”, denunció Diana Malamud desde la organización independiente Memoria Activa. Unos meses antes, la organización Familiares y Amigos de las Víctimas, ya habían dejado de confiar en él. En noviembre de 2013, en una carta abierta al fiscal, respaldaron el acuerdo entre Argentina e Irán y cuestionaron “su falta de compromiso e inacción en la causa”, por considerarlo “funcional a los intereses de los que siempre nos quieren alejar de la verdad”.

El miércoles de la semana pasada, Nisman pateó el tablero judicial en pleno verano y denunció a la presidenta Cristina Fernández, su canciller Héctor Timmerman, y otros dirigentes políticos y funcionarios judiciales, por la presunta desviación de la pista iraní en la investigación del atentado. No aportó pruebas novedosas sobre la explosión que se llevó la vida de 85 personas, pero prometía dar a conocer escuchas telefónicas para justificar su acusación. Esta tarde iba a exponer su denuncia ante la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

Nota: Laureano Barrera - Infojus

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