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5 de diciembre de 2000 – La justicia italiana condena a perpetua a los genocidas Suárez Masón y Santiago Riveros.

Jueves, 05 Diciembre 2019 07:57

Los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros fueron condenados ayer a cadena perpetua por un tribunal italiano, que los encontró culpables del asesinato de siete ciudadanos italo-argentinos y la desaparición de un bebé durante los años de la última dictadura militar. Para el ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Gerardi y cuatro de sus oficiales subordinados, Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Roberto Rossin y Héctor Maldonado, el Segundo Tribunal Criminal de Roma pidió una pena de 24 años de prisión por su participación en el homicidio del sindicalista Martino Mastinu y solicitó la absolución de los cinco militares por el asesinato de Mario Marras aduciendo falta de pruebas.
Luego de casi tres horas de expectativa, la lectura de la sentencia por parte del presidente de la Corte de Assise Mario D’Andria, fue saludada con aplausos en el aula bunker de Rebibbia, conocido escenario de los juicios contra jefes mafiosos y ex miembros de las Brigadas Rojas. “Esta condena que es para pocos militares es para todos los genocidas, y esta justicia que es para pocos familiares es para los 30.000 desaparecidos”, decía exultante Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, recordando que faltaban pocas horas para el inicio de la Marcha de la Resistencia a miles de kilómetros, en la Plaza de Mayo. “Es una victoria, no nos han vencido, no perdimos la lucha por nuestros hijos”, se emocionaba Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, pionera en la búsqueda de justicia en Italia iniciada veinte años atrás.
La tensión había pasado y los familiares de las ocho víctimas presentes en el aula dejaban andar sus emociones. Se abrazaban, lloraban, felicitaban al fiscal Francesco Caporale y a sus abogados, Marcello Gentili y Giancarlo Manica. Pedían fotocopias de la sentencia a la secretaria del Tribunal para guardar como recuerdo de un día histórico. El fiscal Francesco Caporale se sentía satisfecho. La resolución de la Corte era casi una copia de lo que había solicitado en su alegato.
Suárez Mason, se encontraba por aquellos años bajo arresto domiciliario en Argentina, fue condenado a reclusión perpetua por los asesinatos de Pedro Mazzocchi, Norberto Morresi, Luis Fabri, Daniel Ciuffo y Laura Carlotto y por la desaparición de su hijo Guido.

Los ex generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Santiago Omar Riveros fueron condenados ayer a cadena perpetua por un tribunal italiano, que los encontró culpables del asesinato de siete ciudadanos italo-argentinos y la desaparición de un bebé durante los años de la última dictadura militar. Para el ex jefe de la Prefectura Naval Carlos Gerardi y cuatro de sus oficiales subordinados, Luis Porchetto, Alejandro Puertas, Roberto Rossin y Héctor Maldonado, el Segundo Tribunal Criminal de Roma pidió una pena de 24 años de prisión por su participación en el homicidio del sindicalista Martino Mastinu y solicitó la absolución de los cinco militares por el asesinato de Mario Marras aduciendo falta de pruebas.
Luego de casi tres horas de expectativa, la lectura de la sentencia por parte del presidente de la Corte de Assise Mario D’Andria, fue saludada con aplausos en el aula bunker de Rebibbia, conocido escenario de los juicios contra jefes mafiosos y ex miembros de las Brigadas Rojas. “Esta condena que es para pocos militares es para todos los genocidas, y esta justicia que es para pocos familiares es para los 30.000 desaparecidos”, decía exultante Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, recordando que faltaban pocas horas para el inicio de la Marcha de la Resistencia a miles de kilómetros, en la Plaza de Mayo. “Es una victoria, no nos han vencido, no perdimos la lucha por nuestros hijos”, se emocionaba Lita Boitano, de Familiares de Desaparecidos, pionera en la búsqueda de justicia en Italia iniciada veinte años atrás.
La tensión había pasado y los familiares de las ocho víctimas presentes en el aula dejaban andar sus emociones. Se abrazaban, lloraban, felicitaban al fiscal Francesco Caporale y a sus abogados, Marcello Gentili y Giancarlo Manica. Pedían fotocopias de la sentencia a la secretaria del Tribunal para guardar como recuerdo de un día histórico. El fiscal Francesco Caporale se sentía satisfecho. La resolución de la Corte era casi una copia de lo que había solicitado en su alegato.
Suárez Mason, se encontraba por aquellos años bajo arresto domiciliario en Argentina, fue condenado a reclusión perpetua por los asesinatos de Pedro Mazzocchi, Norberto Morresi, Luis Fabri, Daniel Ciuffo y Laura Carlotto y por la desaparición de su hijo Guido.

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  • 29 de enero de 2.001 - Pinochet es procesado como autor de los crímenes de la "Caravana de la Muerte".

    Días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet señaló "No habrá piedad con los extremistas". Por eso, al recibir noticias del trato más comedido que algunos comandantes de guarniciones de provincia les daban a los ex dirigentes de la Unidad Popular, decidió aleccionar a estos mandos "blandos" enviando a un Oficial Delegado que lo representaría y actuaría en su nombre. El designado para esto fue el general Sergio Arellano Stark, quien portaba un documento-pasaporte en donde este era nombrado "Oficial Delegado del Comandante en jefe del Ejército y Presidente de la Junta de Gobierno" para "acelerar procesos y uniformar criterios en la administración de justicia" de los prisioneros.
    La Caravana de la Muerte es el nombre que recibió la comitiva del Ejército de Chile, a cargo de Stark, que recorrió el país en 1973, y que por orden de Augusto Pinochet tenía la misión de agilizar y revisar los procesos de los detenidos tras el golpe militar. Esta comitiva torturó y asesinó a un centenar de opositores al régimen militar, durante su paso por varias ciudades del norte y sur de Chile.

    Casos judiciales relacionados con el procesamiento a Pinochet por los crímenes de la “Caravana de la Muerte”

    En el año 1998, el juez español Baltasar Garzón, basándose en las querellas presentadas por Victoria Saavedra y las Mujeres de Calama, entre otras, dentro del caso Caravana de la Muerte investigado por el juez chileno Juan Guzmán Tapia, ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres, bajo los cargos de secuestro y homicidio calificado.
    En junio de 1999, Guzmán Tapia ordenó la detención de cinco oficiales militares retirados - incluido un general - por su participación en la Caravana de la Muerte.
    En marzo de 2006, el juez Víctor Montiglio ordenó el arresto de trece ex oficiales del Ejército por su participación en los asesinatos bajo cargos de homicidio. El 17 de julio de 2006, la Corte Suprema de Chile despojó de su fuero como ex presidente a Pinochet por su implicación en el caso, revirtiendo una resolución anterior. Finalmente, el 28 de noviembre de 2006, el juez Víctor Montiglio por el caso “La caravana de la muerte” ordenó el arresto domiciliario del dictador Pinochet.

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