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Muchos millones circulan entre arrepentidos y convertidos de Argentina

Lunes, 22 Octubre 2018 12:27

(adnmarcospaz).-- La Justicia investiga pagos millonarios en dólares en el circuito informal que habrían realizado empresarios -ahora convertidos en arrepentidos-, quienes señalan que no estaban destinados a obra pública sino a campañas políticas. Los informes oficiales y las declaraciones, sin embargo, revelan aportes electorales que no superan entre los 130 y 200 mil dólares.

Los cuadernos de Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien fue funcionario del Ministerio de Planificación Federal durante el kirchnerismo y fue detenido la semana última, sacaron a la luz un presunto esquema de pago de coimas de empresarios a funcionarios que tenía como propósito las adjudicaciones de obra pública. Los empresarios vinculados con el caso, sin embargo, sostuvieron en la Justicia que esos pagos estaban destinados al financiamiento de las campañas electorales del Frente para la Victoria (FPV).

Imagen relacionadaLos documentos en manos del juez federal Claudio Bonadio y el fiscal federal Carlos Stornelli, revelados por el diario La Nación, mencionan aportes empresarios por millones de dólares destinados a funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, los informes oficiales -que dan cuenta de los aportes en blanco de privados que reciben los partidos políticos en campaña- muestran cifras irrisorias por lo pequeñas frente a los montos que se mencionan en los cuadernos. Al menos tres de los empresarios que declararon como arrepentidos en esta causa aportaron en blanco dinero a campañas electorales del Frente para la Victoria (FPV) y uno aportó dinero al PRO, según determinó Chequeado en base a los registros oficiales de la Justicia electoral. Donaron, a través de sus compañías o por su propia cuenta, entre US$1.500 y US$130 mil a diferentes campañas entre 2007 y 2015.

Son Ángelo Calcaterra, ex dueño del Grupo ODS y quien además es primo hermano del presidente, Mauricio Macri; Armando Loson, ex CEO de Rafael G. Albanesi SA; y Carlos Wagner, presidente de Esuco SA y ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción entre 2004 y 2012. Todos ellos donaron al FPV. Otro aportó dinero al financiamiento institucional del PRO. Se trata de Juan Carlos De Goycoechea, ex CEO de la empresa Isolux Argentina SA.

“No creo que sean aportes de campaña. Esa es una excusa para reducir la pena y probablemente discutir la competencia (de la Justicia federal a la Justicia electoral)”, destacó a este medio la abogada Delia Ferreira Rubio, presidenta de la organización Transparencia Internacional (TI).

La Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos sólo prevé multas e inhabilitaciones para funcionarios y empresarios, pero no penas de prisión. El Código Penal de la Nación, en cambio, prevé penas de uno a seis años de prisión para el delito de cohecho, ya sea para el funcionario que recibe el dinero ilegalmente para hacer o dejar de hacer algo o el empresario que lo entrega con ese fin. Es decir que una pena superior a tres años por este delito podría significar que alguno de los empresarios vayan a prisión. También podría haber en este caso varias violaciones a la Ley Penal Tributaria.

La Justicia electoral, además, mostró en las últimas décadas evidentes dificultades y obstáculos para avanzar en las investigaciones financieras sobre los partidos. La jueza con competencia electoral porteña María Servini de Cubría aún tiene pendiente una resolución sobre el informe financiero de campaña del Frente para la Victoria en las elecciones presidenciales de 2007 y la Cámara Nacional Electoral tiene en sus manos la resolución sobre la validez de los informes financieros de 2015 del PRO, del Frente para la Victoria, del Frente Renovador y de Compromiso Federal.

Calcaterra fue hasta el año último dueño del Grupo ODS (vendido en 2017 al empresario Marcelo Mindlin), cuyas principales empresas eran las constructoras IECSA SA y Creaurban SA. Esas empresas formaban parte hasta febrero de 2007 del emporio de Franco Macri, el padre del Presidente. En la campaña electoral de 2007, en la que el FPV llevó como candidata a presidenta a Fernández de Kirchner y como vicepresidente al radical Julio Cobos, la compañía Creaurban SA, ya en manos de Calcaterra, aportó $398.948 (US$ 127 mil al tipo de cambio de ese momento) en efectivo para la campaña del kirchnerismo. “Es un aporte en blanco y como correspondía”, señalaron a este medio fuentes allegadas a la empresa Creaurban SA. No hay aportes en blanco registrados para las campaña de 2011 y tampoco para la de 2013 y 2015.

Según los cuadernos escritos por Oscar Centeno y dados a conocer por La Nación, ODS SA e IECSA habría realizado 13 pagos entre 2013 y 2015 por un total de US$8 millones en efectivo que fueron entregados a Néstor Lazarte, un ex empleado del Ministerio de Planificación Federal. Los pagos fueron realizados por Javier Sánchez Caballero, ex CEO de IECSA, que fue detenido por Bonadio y que también declaró como arrepentido en la causa. En una entrevista con La Nación, Calcaterra admitió los pagos a funcionarios, pero negó las cifras que surgen de los cuadernos, y sostuvo que se empresa aportó cerca de US$ 200 mil dólares para las campañas de 2013 y 2015.

En la campaña de 2007 también aparece un nombre que hoy está en las noticias. El empresario Carlos Wagner, presidente de la constructora Esuco SA y ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Fernández de Kirchner, figura con una donación de $5 mil (US$ 1.587) en efectivo para el Frente para la Victoria en esas elecciones. Wagner fue detenido la semana pasada en la causa de los cuadernos, y ayer se declaró como arrepentido según confirmaron a Chequeado desde la Fiscalía de Stornelli. Según los cuadernos de Centeno, el empresario de la construcción pagó coimas por más de US$ 3 millones sólo en 2010.

En su declaración como arrepentido, Wagner reveló que los adelantos de obra que reciben las empresas cuando ganan una licitación para comenzar con la compra de materiales eran devueltos al Ministerio de Planificación, y la primer parte de la obra se financiaba con el IVA, que no se depositaba y se difería.

También figura con una donación idéntica en efectivo ($5 mil) el empresario Aldo Benito Roggio, que esta semana fue llamado a declaración indagatoria en esta misma causa. Consultados por Chequeado, desde Grupo Roggio señalaron que “se trató de un aporte personal y en blanco de Aldo”. Hasta el momento, la única aparición de Roggio en los cuadernos es la dirección del edificio de su compañía.

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