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Tres diputadas del FR demandó judicialmente suspensión de la sobretarifa al gas

Martes, 09 Octubre 2018 18:02

(adnmarcospaz).-- La diputadas Graciela Camaño, Marcela Passo y Carla Pitiot recurrieron a la vía judicial para que se declare inconstitucional la resolución 20/2018 de la Secretaría de Energía. El escrito solicita además que se decrete una medida cautelar para suspender las disposiciones establecidas en la medida que emitió la semana pasada la Secretaría de Energía.

“No existe, ante las circunstancias dadas, otra vía idónea que permita sanear el vicio denunciado que no sea con la intervención urgente del Poder Judicial del modo en que se la requiere”, sostuvieron las legisladoras massistas.

En el documento, advirtieron que “estamos frente al peligro de tolerar lo intolerable, de concebir lo inconcebible, por cierto: que un usuario -en definitiva, un ciudadano- que siempre pagó lo que de buena fe lo que entendió corresponder acorde con las boletas que le enviaba la propia prestadora del servicio -gas, en este caso-, tenga que aceptar poco tiempo después que, en realidad, era un moroso porque sus pagos, que no eran sino efectuados de una sola vez y por los importes referidos en las boletas recibidas, no tenían valor cancelatorio”.

“Adiós, adiós... seguridad jurídica... Adiós Constitución...Adiós principio de inviolabilidad de la propiedad...Adiós principio cancelatorio del pago...Adiós respeto de los ciudadanos...Adiós buena fe y principios que las leyes consagran para defender a usuarios y consumidores frente a actos como el que provocan esta actual repulsa general”, enfatizaron.

Para las diputadas “es evidente que el proceder del gobierno importa ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, dado que efectúa una actualización improcedente retroactiva”. “El gobierno -en este caso, las concesionarias del servicio- no tiene derecho a reclamar lo que la gente ya había cancelado”, agregaron.

Camaño (jefa del bloque FR), Passo (titular de la Comisión de Defensa del Consumidor) y Pitiot insistieron que “los pagos efectuados por los usuarios produjeron efectos cancelatrorios definitivos, que lo liberaron de su obligación. Tal liberación se incorporó a su patrimonio y se encuentra protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional”.

“La fijación del tipo de cambio responde a resultados no ya ajenos a los consumidores, sino en gran medida atribuibles al Gobierno”, dijeron y señalaron que “tal circunstancia no es imputable a los usuarios, y no se ha demostrado que éstos hubiesen actuado de mala fe ni que hubieran incurrido en error por el que tengan que cargar ahora con consecuencias gravosas, disvaliosas”.

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