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Lorenzeti fue el Juez más dependiente del poder político

Jueves, 13 Septiembre 2018 13:00

(adnmarcospaz//Federico Dertaube y Paula Fulán).--  Macri prometió en campaña que bajo su gobierno habría una Poder Judicial independiente de la “política”. Como es común en el verso liberal-empresarial, la acepción que le dan a la palabra “política” es toda forma de hacer que cuestione la inmutable eternidad de la soberanía empresarial sobre las vidas de las amplias mayorías.

Si la gente pelea contra los tarifazos es sucia “política”, si el gobierno macrista aumenta todos los servicios hasta hacerlos impagables es “gestión”; si Macri despide miles de estatales se trata de “eficiencia”, si la gente busca resistir es “política”. Pues bien, cuando nos hablaban de Justicia “independiente” querían decir evidentemente que iba a ser “independiente” de todo menos de la propia gestión macrista, que (atención) no es política. Debería haber sido un llamado de atención para los buscadores de imparcialidad que una de las primeras cosas que hizo Macri como presidente fue designar por decreto a Rosenkratz como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Desde ayer, es su presidente. ¡Las casualidades de la imparcialidad!Imagen relacionada

La nueva presidencia de la Corte Suprema viene a poner a ésta, aunque sea forma relativamente tardía, bajo la subordinación más directa de la presidencia y, por ende, de su proyecto político reaccionario y su ajuste. Se trata en definitiva de un giro reaccionario de la Corte como el que ha hecho el conjunto del régimen político. No se trata por supuesto de que Lorenzetti haya sido un adalid de los intereses de los trabajadores y los de abajo en general, que en su mandato el Poder Judicial no haya sido una máquina aceitada de estrangulamiento de pobres y dilaciones a las condenas de los ricos. Pero su ejercicio al frente de la Corte Suprema fue parte de un momento en el que el Estado capitalista cedía concesiones a las luchas de los de abajo, como las condenas a los genocidas. Como Macri en la presidencia, Rosenkrazt al frente de la Corte Suprema viene a terminar con esa situación de hegemonía “progre-garantista”.

Rosenkratz tiene una larga historia vinculada a uno de los partidos de Cambiemos, la UCR. Y si bien ésta cumple un rol más bien de aguatero suplente en el equipo de gobierno, no deja de ponerle funcionarios cuando los necesita. El nuevo presidente de la CSJN fue funcionario alfonsinista en los 80’, importante asesor del gobierno cuando necesitó neutralizar lo más posible a los militares para sostener un todavía no consolidado régimen de democracia burguesa. Fue también uno de los juristas involucrados con la reforma constitucional gestada por el Pacto de Olivos en 1994, bajo el menemismo.

Sin embargo, lo que lo convierte en hombre de confianza del macrismo no es tanto su trayectoria radical sino su largo labor de representante legal de algunas de las principales corporaciones capitalistas de Argentina, algunas de ellas aliadas clave del gobierno del PRO. Su buffet de abogados fue representante de Clarín, YPF, La Nación, Mc Donald’s, Cablevisión y la Sociedad Rural. Lo curioso es que luego de ser representante de estos grupos haya encabezado una ONG llamada Asociación para la Defensa de la Competencia, con ese tinte amarillo liberal tan característico de los funcionarios que nos gobiernan. Un representante de Clarín y la Sociedad Rural al frente de la defensa de la “competencia” (o sea, del combate a los “monopolios”) es, hasta liberal-dogmáticamente pensado, poco creíble. Y, last but not least, el nuevo presidente de la Corte Suprema tiene, a pesar de haberse recibido en la UBA, una larga trayectoria de representante de Universidades privadas: cumplía funciones como rector de la Universidad de San Andrés antes de ser designado miembro de la Corte. Se trata, en suma, de un funcionario con las mismas características que los ministros del macrismo; es un representante empresarial en el gobierno, un CEO en la Corte Suprema de Justicia.Imagen relacionada

En fin, la designación de Rosenkratz como nueva cabeza de la Corte Suprema viene a consolidar un giro a la derecha de la misma, a la vez que refuerza su tradicional subordinación servil al gobierno de turno. El contraste con Brasil es claro, donde aun jugando un rol reaccionario y antidemocrático, los jueces se han venido parando como “bonapartistas” del régimen, con un nivel de autonomía y poder propio cualitativamente superior a los de sus colegas argentinos. Veamos algunos de los principales casos de giro reaccionario reciente de la CSJN:

A principios de 2017, fuimos testigos de la nueva orientación que tomó alrededor del carácter vinculante de los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, última intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos, a la cual nuestro país colocó en el mismo nivel jerárquico que la Constitución Nacional, en la reforma de 1994. En esa ocasión, a través del fallo “Fontevecchia y otros c/ República Argentina”, el alto cuerpo se pronunció por el carácter no vinculante de los fallos de la Corte IDH para revocar decisiones de nuestra Corte. Quedó también en evidencia la efectividad conducente de la CIDH y las convenciones internacionales, que son poco más que declaraciones de buenas intenciones que nadie se preocupa por traer al vulgar mundo de las cosas materiales.

En mayo del mismo año, nuevamente la CSJN atacó uno de las mayores conquistas de las luchas de los de abajo en nuestro país, que es el repudio al terrorismo de Estado, el Nunca Más a los militares. En el caso “Muiño”, proceso contra Luis Muiño, represor durante la última dictadura, el tribunal declara aplicable la ley 24.390 (conocida como 2×1), que estuvo vigente entre los años 1994 y 2001, hoy derogada, que reduce el cómputo de la prisión. Es decir, pretendió dar los recursos legales, y sentar posición para dejar en libertad a los genocidas. En esa ocasión salimos masivamente a las calles para frenar esta avanzada de la derecha, de las instituciones, y del gobierno reaccionario y negacionista de Macri y la ministra Bullrich. La movilización popular logró frenar este proceso, y la CSJN tuvo que dar marcha atrás con esta decisión. Rosenkratz votó en esa ocasión por la aplicación del 2×1 a los genocidas, intentando dejar así semiabiertas las celdas de personajes como Astiz y Etchecolatz.

Son públicas también sus posiciones represivas frente a las movilizaciones populares y las huelgas, su rechazo a ponerles límites a los tarifazos, etc. Estamos, entonces, frente a un alineamiento completo del principal tribunal del país a los dictados del CEO de la Nación Argentina: Mauricio Macri.

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