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Cuántos, dónde y cómo fueron echados los 3 mil trabajadores

Jueves, 04 Enero 2018 20:29

(adnmarcospaz).-- La ola de despidos irá en aumento. De hecho ya están previstos 1.700 despidos en el Correo Argentino. Se sumarán a las desvinculaciones en Acumar (se ocupa de la limpieza de los ríos Matanza y Riachuelo), Río Tercero, entre tantos otros.

En este marco, voceros de los sindicatos advierten que "los gremios reaccionarán ante un Gobierno que está dejando miles de personas sin trabajo para que le cierren los números". "Los despidos y cesantías forman parte de la profundización del ajuste de Macri. Todo se asocia a una tercera reforma del Estado y al pacto firmado con la complicidad de los gobernadores", afirma Godoy, de ATE.

"Ni jefatura de Gabinete ni desde el Ministerio de Trabajo respondieron a nuestros reclamos. Entonces, la única opción que tenemos es la medida de fuerza. Esta política económica no acierta en darle soluciones a la gente", completa. Los directivos gremiales creen que el Estado fue en estos últimos años un empleador plagado de situaciones irregulares, lo cual relativiza la visión gubernamental sobre contratos que no se renuevan tras haber llegado a su fin.

Para ejemplificar, mencionan tres casos tipo:

  • - Los contratados que trabajan años sin ser formalmente incorporados a planta permanente
  • - Los incluidos en plantas "transitorias" que permanecen dentro de esa categoría mucho más tiempo del plazo legal
  • - El abuso del sistema de contratos "tercerizados" mediante convenios con otras entidades
  • En consecuencia, el reclamo de los líderes sindicales se focaliza en que la gran mayoría de los contratados, en realidad, son empleados en relación dependencia "encubierta".

"No se trata de convenios no renovados, como dice el Gobierno, sino de miles de despidos sin causa que, para peor, en muchos casos no están sujetos al pago de una indemnización", indica una fuente consultada.

Planta transitoria y permanente

A diferencia de los empleadores privados, que están amparados por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el Estado se rige por la Ley de Empleo Público. En la primera ola de despidos del macrismo, muchos de los reclamos incluyeron un adicional por daños y perjuicios (además del resarcimiento por desvinculación sin causa o el pedido de reincorporación).

Los empleados públicos "de planta permanente" están a resguardo por el principio de inmovilidad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional (siempre que muestren buena conducta y que no haya razones objetivas para el cese de la relación).  ¿Qué ocurre cuando hay conflictos? No son dirimidos en la Justicia laboral sino ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincial o nacional) según corresponda.

El régimen de contrataciones por tiempo determinado (denominado "de planta transitoria") comprende la prestación de servicios de carácter estacional que no puedan ser cubiertos por el personal de planta permanente. De acuerdo con los convenios colectivos, el total de contratados bajo este régimen no puede superar el 15% respecto de estos últimos.

Además, bajo la figura de locación de servicios (Monotributo) no gozan de la estabilidad propia de los asalariados públicos. Carecen de la protección de leyes laborales y de la propia del empleado público. Son contratos a término, generalmente de un año, en los que se especifica que cualquiera de las partes -con 30 días de preaviso- puede rescindir el vínculo sin derecho a indemnización alguna.

Durante el kirchnerismo, surgió la polémica por la "triangulación" que el Estado realizaba a través de las universidades con las que firmaba convenios. Esto dio lugar a gran cantidad de problemas, ya que muchos contratos luego se perpetúan y muchos quieren ser incorporados a planta permanente, o al menos transitoria. Puede suceder que el Estado decida rescindir el acuerdo y prescindir de sus servicios sin motivo alguno, amparándose en que el dependiente aceptó esas condiciones al momento de firmarlo.

Si bien algunos pudieron pasar a planta transitoria, tuvieron que resignar antigüedad y allí quedaron al no haber vacantes en planta permanente. Frente a ello, se entendió que, o bien estaban protegidos por la Ley de Contrato de Trabajo o por el estatuto del empleado público. En el primero de los casos, se exigía el pago del resarcimiento por despido injustificado, más vacaciones no gozadas, la parte correspondiente al SAC y demás requerimientos propios del derecho laboral.

En el segundo, el reclamo venía por el lado de una indemnización por daños y perjuicios (ante la desvinculación sin causa) o la reincorporación como empleados de planta permanente. Hubo muchísimos ejemplos de contratados que excedieron el requisito de transitoriedad o estacionalidad, lo que genera una situación contractual irregular.

Hasta el caso D'Atri, en 2013, la Corte Suprema se había expedido a favor de indemnizar a los "contratados" (monotributistas que emitían facturas). A partir de allí, avaló el resarcimiento de planta transitoria.  En los precedentes "Ramos", "Martínez" y "Maurette", el máximo tribunal ordenó indemnizarlos con un mes de sueldo por año trabajado. Y, en el último caso mencionado, le sumó una compensación o preaviso.

Las cesantías en el Estado se multiplican y dividen las aguas. Cada caso involucra a personas empujadas a buscar nuevos horizontes laborales, mientras los economistas siguen reparando en si está bien o mal el "gradualismo" del Gobierno para ajustar las cuentas públicas.

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