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En qué basa su gobernabilidad la "democracia" de Argentina

Sábado, 30 Diciembre 2017 12:34

(adnmarcospaz//Christian Castillo. Sociólogo).-- Entre el lunes 18 y el miércoles 20 de diciembre la Cámara de Diputados de la Nación ha consumado un saqueo fenomenal contra el conjunto del pueblo trabajador. Pocas veces el carácter despótico y oligárquico de la democracia capitalista argentina quedó tan al desnudo.

Una exigua mayoría de la Cámara de Diputados sancionó un combo de leyes repudiado por la amplísima mayoría de la población. Todos los poderes del Estado se complotaron para lograr este resultado. Sin embargo, la victoria gubernamental fue pírrica, como escribió tempranamente Fernando Rosso.

Es muy significativo que la consigna más coreada durante la imponente movilización frente al Congreso, y también en forma generalizada en los cacerolazos en la noche del 18 de diciembre y la madrugada del 19, haya sido “unidad de los trabajadores, y al que no le gusta, se jode”. ¿La “grieta” del capitalismo estaba dando lugar a una embrionaria conciencia de clase? Parte del costo para la clase dominante de poner en el Gobierno a los dueños del país. O, para ser más precisos, a parte de los mismos, con gerentes incluidos.

Pasado “el huracán que reconfiguró el mapa de poder”, según lo llamó Carlos Pagni en La Nación, una de las políticas del Gobierno pasa por avanzar en la demonización y criminalización de la izquierda. El mismo Pagni presenta como una supuesta evidencia que “el kirchnerismo y la izquierda proponen un régimen en el que la manifestación popular tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” [1]. La concepción presente en esta afirmación del columnista de La Nación muestra que los “republicanos” de hoy le conceden menos derechos al pueblo trabajador que los que tenían los plebeyos en la república esclavista romana, donde los “tribunos del pueblo”, cargo establecido por primera vez en el 494 antes de Cristo, tenían el iusintercessionis, que les daba el poder de veto sobre cualquier ley o propuesta de cualquier magistrado que afectara a sus representados. Hoy los trabajadores deberían limitarse a reclamos sindicales o a manifestaciones impotentes, pero nunca a hacer pesar su fuerza mayoritaria para desbaratar maniobras antidemocráticas en su contra, como con una huelga general política, que tildarían de “sediciosa”.

En segundo lugar, y más allá de que el kirchnerismo y la izquierda anticapitalista expresamos estrategias claramente diferentes, hay que decir que las patronales y la derecha local no se han privado de utilizar el recurso de “la calle” como “poder de veto”. ¿Qué fueron sino los 129 días de lockout de las patronales agrarias –del 11 de marzo al 18 de julio de 2008–, incluyendo cortes de ruta generalizados, amenaza de desabastecimiento y otras formas varias de presión sobre el Congreso durante la votación de “la 125”? ¿O qué fueron los “cacerolazos” durante el Gobierno de Cristina Fernández? ¿O las marchas convocadas por Blumberg, que impusieron una modificación regresiva y “a lo cambalache” de la legislación penal bajo el Gobierno de Néstor Kirchner?

Esta cuestión no es solo nacional. Sin ir más lejos, recordemos el papel que jugaron las movilizaciones de las clases medias acomodadas, fogoneadas por la Red O Globo, para imponer el “golpe institucional” contra Dilma Rousseff en Brasil. Al Gobierno de los ricos y sus ideólogos y comunicadores lo que les preocupa no es que “la calle tenga poder de veto sobre las instituciones de la república” en general, sino cuando las movilizaciones ponen en cuestión votaciones que van a favor de los intereses de las clases dominantes, como vimos en estos días. La mirada de Pagni y otros que opinan parecido (ni hablar de Joaquín Morales Solá, que parece estar reviviendo los tiempos en que alababa, desde el diario La Gaceta la Tucumán de Bussi en la dictadura) es tan sesgada que parecería que fueron ellos quienes perdieron un ojo en las movilizaciones y no cuatro manifestantes a manos de la brutal represión policial.

La Constitución inmutable (o cómo los muertos deben gobernar a los vivos)
Pero, más allá de utilizar una vara distinta según quién sea el protagonista y cuál sea el carácter de las movilizaciones, expresan una concepción formalista de “república” como mera división de poderes, opuesta a “democracia” en tanto expresión de la voluntad popular, en sintonía con las concepciones más retrógradas de las que se plantean dentro del constitucionalismo burgués. Según se desprende de lo que hemos escuchado en estas horas, la “institucionalidad” consagrada en las Constituciones sería algo inmutable y la presión de la calle un acto cuasisedicioso. O directamente sedicioso, de acuerdo al carácter legal por el que pretende Cambiemos que sean procesados los manifestantes detenidos en las movilizaciones, y aún los diputados que se opusieron a la reforma previsional.

La interpretación que pretenden imponer del artículo 22 de la Constitución Nacional, que sostiene que “el pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” [2], es una antigualla política y jurídica. Según esta, una vez consumado el acto del sufragio los representantes electos pueden hacer lo que les plazca, aun si traicionan explícitamente el mandato por el que fueron electos, el llamado “contrato electoral”. El régimen institucional existente es poco menos que sagrado y su cuestionamiento es prácticamente un “crimen de lesa humanidad”. El carácter absurdo de esta interpretación es evidente. ¿Por qué las nuevas generaciones deberían pagar el precio de una institucionalidad inmutable consagrada en un tiempo, un espacio y una relación de fuerzas específicos?

Un absurdo que está bien señalado por Antonio Negri en El poder constituyente: “¿Cómo puede un hecho normativo consuetudinario hacer justicia a la innovación? ¿Cómo puede una «clase política» preconstituida ser el garante de una nueva Constitución? Ya el esfuerzo de cerrar el poder constituyente en una jaula de limitaciones espacio-temporales resulta insostenible -pero el intento de bloquearlo dentro de una prefiguración institucionalista llega a ser inconcebible: en efecto, se puede tratar de limitar el alcance del acontecimiento, pero seguramente no es posible definir por anticipado su singularidad innovadora”. Thomas Jefferson mismo se preguntaba en una famosa carta al mayor John Cartwright si las Constituciones podían ser inmutables, y se contestaba: “Creo que no. (…) lo único inmutable son los derechos innatos e inalienables del hombre” [3]. Entre los que se cuentan, como ocurre de Locke en adelante, el derecho a la rebelión y a la revolución. Qué sediciosas les deben parecer estas reflexiones a Pagni y sus amigos.

De seguir los consejos de los periodistas y “profesionales de la opinión” que apoyan a Cambiemos, estaríamos ante la vuelta a una concepción decimonónica de limitar la movilización popular a la sola petición a las autoridades. Al considerar una suerte de acto criminal cualquier cuestionamiento al actual régimen institucional, deberíamos limitar toda manifestación (e innovación) política dentro de los marcos establecidos por los constituyentes de 1853 (con las “adecuaciones” realizadas por Mitre después de Pavón), más la reforma amañada por el Pacto de Olivos de 1994 entre Alfonsín y Menem. Una reforma cuyo fin principal era permitir la reelección presidencial del riojano y que se consumó mediante una asamblea constituyente tan “soberana” que solo se podía discutir sobre el “núcleo de coincidencias básicas” (los temas acordados por el peronismo y el radicalismo) y no sobre el conjunto del texto constitucional. Al reducir al arbitrio de la camarilla gobernante toda modificación constitucional, intentan reducir a cero el poder constituyente de las masas.

El kirchnerismo, por su parte, fue tan conservador que a lo sumo pensó en alguna modificación de la Constitución “a lo Menem” para una nueva reelección de Cristina. Pero nunca, ni siquiera cuando conquistó el 54 % de los votos, vislumbró algún cambio de mayor envergadura del régimen institucional vigente. Algo que sí ocurrió -más allá de que en ningún caso se buscase trascender el orden capitalista y de nuestra crítica por izquierda al contenido de los cambios realizados que introducen o fortalecen elementos bonapartistas y de regimentación de las organizaciones de masas- en Bolivia, Ecuador y Venezuela.

El constitucionalismo formalista conservador que hoy escuchamos tiene sin embargo el mérito de sincerar cuál es el carácter esencial de toda república burguesa: limitar el ejercicio de la soberanía popular al ejercicio del sufragio cada dos o cuatro años, mientras que el poder económico vota todos los días. Una república plutocrática, el gobierno de los ricos. Por eso se negaron siquiera a convocar a una consulta popular en el caso de la reforma previsional, un recurso que incluso figura en la Constitución reformada de 1994.

Estafa
Si buscásemos una figura jurídica para calificar la conducta del oficialismo con sus votantes, no encontraríamos una mejor que la de violación y abuso sistemático. Cambiemos nunca planteó en la campaña electoral que iba a tomar medidas como las planteadas en el primer combo del “reformismo permanente” anunciado por Macri. Marcos Peña había dicho exactamente lo contrario en uno de los informes de rendición de cuentas dado en el Parlamento durante el período electoral, así como en declaraciones a distintos medios. El diario La Nación, por ejemplo, titulaba un artículo del 3 de agosto con declaraciones que el jefe de Gabinete había realizado al diario santafesino El Litoral: “Marcos Peña descartó una reforma jubilatoria: ‘No hay nada que temer, ningún proyecto que queremos impulsar’”[4].

Es clara la estafa que realizaron, en primer lugar a sus votantes. Por su parte, los distintos sectores del PJ que ahora dieron apoyo al paquetazo (entre ellos los gobernadores a los que Agustín Rossi busca exculpar por todos los medios) hicieron campaña en base a que iban a ser oposición a Cambiemos. Como se ve, la mentira lisa y llana es una práctica extendida entre la casta política burguesa. Distintas encuestas daban cuenta de un rechazo al proyecto de alrededor de un 70 % de la población, incluido un importante porcentaje de votantes de Cambiemos. Ante esto, desde la izquierda sostuvimos que debía realizarse una consulta popular. Los seudorrepublicanos, obviamente, se negaron. Sabían que iban a una derrota segura. Y el problema no es que “lo comunicaron mal”, máxime cuando tienen más del 90 % del sistema mediático a su favor, sino que les era imposible ocultar el carácter regresivo de la medida.

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